Emigrantes retornados denuncian en Bruselas la "persecución" de Hacienda

La asociación Coordinadora nacional de emigrantes retornados de Galicia denunció hoy en el Parlamento Europeo (PE) la "persecución" de la Agencia Tributaria a los que regresan a España cobrando pensiones de otros países miembros de la Unión Europea (UE) por considerarlo "trato fiscal discriminatorio".

"Más de 300.000 retornados gallegos en lugar de disfrutar la jubilación se ven obligados a manifestarse por estar siendo perseguidos fiscalmente por la Agencia Tributaria española", defendió ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara un miembro de la citada asociación en la comarca de Vigo, Alexandre Lago Portelo, en representación de los afectados.

Lago Portelo criticó que Hacienda aplica un "trato fiscal discriminatorio" a los jubilados por el origen de sus pensiones, aun cuando estas proceden de otros estados miembros de la UE, obligándoles a tributar por ellas cuando en los países pagadores estarían exentas.

Asimismo, denunció que los emigrantes retornados que cobran pensiones por invalidez se ven obligados a demostrar esta condición ante las autoridades españolas, sin que éstas acepten los reconocimientos otorgados por los países donde trabajaron.

En ese sentido, indicó que hay casos en los que el país pagador reconoce el cien por cien de invalidez mientras que España atribuye "dos o tres por ciento".

El peticionario insistió en que los afectados, unas 300.000 personas, en su mayoría con más de 70 años y residentes en el ámbito rural, se ven obligados a acudir a los tribunales para resolver sus casos, y pidió una solución colectiva para evitar este proceso individual "largo y tedioso".

En respuesta a la petición, la comisión parlamentaria decidió mantener abierto el proceso y enviar una carta al Gobierno español, a la Comisión Europea y al Consejo Europeo (que representa a todos los estados miembros) informándoles del problema e instando, en particular al Ejecutivo español, a buscar una solución "en la línea" de las demandas de la asociación de afectados.

También se remitirá el asunto a la comisión de Economía de la Eurocámara y a la de Empleo y Asuntos Sociales, que deberá evaluar la cuestión del reconocimiento entre estados de la invalidez.

Sin embargo, tanto la Eurocámara, la Comisión Europea como la eurodiputada española del PP y vicepresidenta de la comisión de Peticiones, Rosa Estarás, subrayaron que las instituciones de la UE no tienen competencias en la materia.

La fiscalidad de las pensiones es un asunto regulado mediante acuerdos bilaterales entre países, por lo que la solución dependerá de las autoridades españolas, indicaron.

"No hay armonización ni en un caso ni en otro y por lo tanto el competente es el Estado miembro", dijo Estarás en referencia a las pensiones y al reconocimiento de invalidez, y defendió la medidas tomadas por la Xunta de Galicia y el Gobierno central.

Representantes de la Xunta se han reunido en varias ocasiones con los afectados y el Ejecutivo central modificó la reforma del impuesto IRPF permitiendo a los retornados recuperar lo pagado en intereses y sanciones, comentó.

La asociación consideró, sin embargo, que "la Xunta no ha hecho nada a favor de este colectivo".

Por su parte, la eurodiputada de AGE Lidia Serna consideró que la Xunta y el Gobierno "respuestas no han dado", puesto que el problema sigue sin resolución, y criticó que la CE "echa balones fuera".

"Podemos forzar a la CE a poner voluntad política para resolver esta situación. La CE tiene recursos y si quiere puede hacerlo", afirmó.EFE

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