Gobierno defiende los servicios mínimos fijados en aeropuerto de base de Rota
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha dicho que los servicios mínimos en la huelga de la empresa que gestiona[…]
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha dicho que los servicios mínimos en la huelga de la empresa que gestiona los servicios del aeropuerto de la base de Rota "respetan el derecho constitucional a la huelga de los empleados y cumple con las exigencias de seguridad que requiere una instalación militar".
En una nota de prensa, la Subdelegación del Gobierno responde así a las críticas del comité de empresa, que ha considerado "abusivos" los servicios mínimos fijados en los paros parciales que desarrollan hoy como protesta ante el despido de trece trabajadores españoles por parte de la empresa que gestiona el aeropuerto de la base.
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz explica que "una vez recibidas las propuestas de servicios mínimos por las partes en conflicto y vista la imposibilidad actual de cualquier tipo de acuerdo o de acercamiento entre las dos, se decidieron unos servicios mínimos teniendo en cuenta las particulares circunstancias que se derivan de las exigencias de seguridad requeridas por un establecimiento militar y de los servicios que en él se prestan".
La resolución que fija los servicios mínimos "se encuentra entre las propuestas de empresa y trabajadores, respetando el ejercicio del derecho a la huelga y el desarrollo de los servicios en una instalación militar", asegura la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
Al hilo, sostiene que la resolución "representa en el cómputo de los diferentes departamentos una reducción superior al 37% y superior al 45% en el turno de noche, que se considera ajustada para atender a dos aviones en pista".
Asimismo, incide en que en el caso de las concentraciones en el exterior de la base de Rota, "las peticiones de manifestaciones o concentraciones han sido tramitadas según normativa establecida y en base a informes técnicos para garantizar el derecho de concentración o manifestación".
En esta línea, expone que el ejercicio de este derecho se ha hecho "compatible con una instalación (y sus accesos) afectada por determinadas y concretas condicionantes de seguridad, y para salvaguardar los derechos, igualmente constitucionales, de los usuarios de las vías afectadas".
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