Junta: propuesta del mediador debe ser camino para resolver conflicto estiba

El vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administraciones Públicas, Manuel Jiménez Barrios, ha abogado hoy por que la propuesta que el mediador del conflicto laboral de los estibadores ha puesto sobre la mesa sea "el camino para llegar a un acuerdo".

En declaraciones a los medios en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Jiménez Barrios ha pedido al Gobierno que sea "responsable" para que el acuerdo "se materialice".

El mediador en el conflicto de los puertos, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha propuesto elaborar una "normativa transitoria" que garantice la continuidad en el empleo y combinar la norma estatal con la negociación colectiva del sector, como medida para salvar la subrogación por ley acordada por estibadores y empresas y que, según el Gobierno, no permite la Unión Europea.

El vicepresidente andaluz ha pedido tener "mucho cuidado" con un conflicto que es "muy complejo" ya que un "mero anuncio de huelga" puede hacer que las empresas que operan en puertos españoles se vayan a otros, por lo que puede tener consecuencias negativas "sobre todo en Andalucía, donde se encuentra el principal puerto de España" (Algeciras) y más de 1.800 de los 6.000 estibadores que hay en el país.

Jiménez Barrios ha insistido en que el acuerdo propuesto por el mediador "con los flecos pertinentes", "debe ser el camino para llegar a un acuerdo".

"Si los estibadores quieren un acuerdo, si la patronal quiere un acuerdo, el Gobierno lo que debe hacer es facilitar que lo haya, no entorpecer ese acuerdo", ha apuntado.

Según comunicó ayer el Ministerio de Fomento, este departamento ha aceptado la propuesta del mediador en el conflicto de la estiba y ha mostrado su disposición a elaborar un reglamento que recoja su contenido.

Sin embargo, Fomento ha señalado que el acuerdo al que llegaron hace unos días las empresas y los sindicatos tendría un coste de 2.415 millones de euros para el Estado, ya que debería asumir la diferencia salarial entre los trabajadores nuevos y los subrogados y las jubilaciones anticipadas necesarias hasta lograr la reducción de plantillas deseada.

Según ha explicado el departamento que dirige Íñigo de la Serna, esta cifra es "inasumible para el erario público" ya que está muy alejada de los 120 millones de euros del plan de ayudas inicial que planteó el Gobierno.

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