Intersindical reprocha que Justicia reordene a funcionarios sin consultarles

Intersindical ha presentado un recurso contra la resolución de la Dirección General de Justicia para promover la implantación de una nueva estructura de la oficina judicial, al entender que no se han tenido en cuenta los derechos de los trabajadores afectados.

Según un comunicado del sindicato, el pasado 5 de mayo la consellera de Justicia suscribió con Intersindical y otras organizaciones sindicales presentes en la Mesa de Negociación un acuerdo de garantías en el marco de la implantación de la Nueva Oficina Judicial, basado en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial 19/2003.

Sin embargo, la resolución de la DGJ hecha pública el pasado 24 de marzo, que debería haber confirmado en sus puestos a los funcionarios de los actuales servicios en la Oficina Judicial, ha acordado una redistribución, reordenación y adjudicación de puestos de trabajo.

Desde el sindicato han denunciado que esta resolución vulnera lo establecido en la propia LO 19/2003, el Reglamento de Ingreso y Provisión de puestos y el mencionado Acuerdo de 5 de mayo de 2016 suscrito con las organizaciones sindicales.

Intersindical ha reprochado a la Conselleria de generar "una redistribución y reordenación de efectivos, que no se ha elaborado con un proyecto motivado ni se ha negociado previamente con las organizaciones sindicales".

Asimismo, ha señalado que se han adjudicado puestos de trabajo singularizados sin haberse convocado el concurso específico correspondiente y que la reordenación forzosa de funcionarios en Elche, Castellón y Valencia supone, en la práctica, la amortización de esas plazas, lo que contraviene el primer punto del Acuerdo de implantación de la nueva oficina judicial.

Por otra parte, la central sindical ha destacado que la redistribución de algunos puestos de trabajo comporta un cambio en las condiciones de trabajo que afecta drásticamente al horario y, por tanto, "este cambio obliga a la Administración a negociar con los sindicatos y no se ha hecho".

Intersindical ha denunciado también la precipitación de la Administración al acordar la puesta en funcionamiento el 1 de abril de los Servicios Generales Procesales de Asuntos Generales de los Juzgados en el marco de la adaptación a la Nueva Oficina Judicial, sin que el Ministerio de Justicia haya aprobado los protocolos necesarios para su puesta en funcionamiento ni la relación de puestos de trabajo de los Secretarios Judiciales (ahora Letrados de la Administración de Justicia).

Por ello, Intersindical ha interpuesto un recurso contra la resolución de la DGJ, que a su juicio "adolece de defectos de forma, remitiendo erróneamente a una instancia judicial incompetente para resolver y ha supuesto una merma de retribuciones a los trabajadores afectados por las adscripciones forzosas".

Intersindical no ha descartado iniciar movilizaciones a fin de que la Administración corrija estas actuaciones, ya que "las prisas por la implantación de esta nueva estructura no puede atropellar derechos o provocar un mayor retraso en la tramitación de procedimientos judiciales".

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