FACUA rechaza la resolución alternativa de litigios de consumo

FACUA-Consumidores de Acción ha expresado su rechazo en su totalidad al Anteproyecto de Ley por el que España incorporará a su ordenamiento jurídico la Directiva del Parlamento Europeo 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Según una nota de la organización de consumidores, en las alegaciones que ha presentado al documento, advierte de que la norma propuesta "no sólo no representa ningún avance en relación con los derechos y garantías de los consumidores ni de su defensa, sino que, por el contrario, limita sus derechos, genera un mayor desequilibrio en las relaciones entre éstos y los empresarios y les pone trabas en el acceso a la justicia".

El Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo plantea "una apuesta clara por los sistemas de resolución alternativa de litigios privados" (ADR, por sus siglas en inglés: Alternative Dispute Resolution), que la Directiva 2013/11/UE considera sólo como excepción, según FACUA.

FACUA señala en sus alegaciones que la directiva europea establece que el desarrollo de la misma por parte de los diferentes países "debe basarse en los procedimientos de resolución alternativa existentes en los Estados miembros y en el respeto de sus respectivas tradiciones jurídicas".

A este respecto, la asociación ha recordado que en España ya funcionan sistemas arbitrales de consumo de carácter público, tanto autonómicos como locales, creados al amparo de la Ley de 1984 que desarrolla el artículo 51 de la Constitución Española.

"De acuerdo a lo establecido en la propia directiva, en un Estado en el que ya funciona un sistema de resolución alternativa de conflictos de acuerdo a una tradición jurídica, la opción que tendría el Gobierno español es impulsar y desarrollar el modelo existente", según las alegaciones de FACUA.

Las características del sistema público, frente al que propone el Anteproyecto de Ley, son básicamente la gratuidad y la colaboración del sector empresarial y de los consumidores en igualdad, con las instituciones como garantes de la objetividad, imparcialidad e independencia del proceso, "y ninguna de ellas se respeta en el Anteproyecto de Ley", según la fuente.

La propuesta sobre la que trabaja el Gobierno plantea un "pago simbólico" para el acceso a los sistemas ADR y fija una cuantía máxima de 30 euros, lo que limita el acceso de los consumidores en función de su situación económica (lo que genera desigualdad), además de cargar sobre ellos el coste de unos conflictos generados por los abusos del sector empresarial.

FACUA ha denunciado que esta norma abre la puerta a la privatización de los ADR, trasladándolos al sector empresarial y porque renuncia a incrementar el presupuesto y los medios de los sistemas ADR promovidos por organismos públicos, lo que los deja en clara desventaja competitiva frente a los sistemas privados.

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