UGT pide incluir cláusulas de derechos laborales en licitaciones públicas

UGT impulsa una campaña regional para incluir en los pliegos de licitaciones de servicios públicos a empresas privadas ocho cláusulas que "garanticen y salvaguarden" los derechos laborales, sociales y económicos de los 13.000 trabajadores que en Cantabria están adscritos a estas empresas concesionarias.

Estos trabajadores representan el 28 % de los que están vinculados a las administraciones públicas, según los datos del sindicato.

UGT ya tuvo contactos sobre este tema con el Gobierno de Cantabria cuando éste adjudicó a finales del año pasado el servicio de vigilancia y hasta el momento ha tenido reuniones para trasladar su propuesta a todas las administraciones públicas con la Consejería de Presidencia y con la de Sanidad del Ejecutivo regional.

Además, las ocho cláusulas planteadas por UGT se remitirán en breve a la Federación Cántabra de Municipios para que se debatan en el pleno de este organismo.

Según han explicado en rueda de prensa los responsables de las federaciones regionales de UGT de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP), Luis Clemente, y de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), José Giráldez, y el secretario de Salud Laboral e Institucional de esta última, Pedro Cobo, el objetivo de esta campaña es "evitar la creciente conflictividad laboral" en estas empresas y garantizar una contratación pública "sostenible".

"Estas empresas ofertan a las administraciones públicas un presupuesto temerario para conseguir la concesión en un pliego de condiciones donde se establecen las pautas económicas y el servicio que se va a realizar, pero no se garantizan las condiciones laborales y sociales de los trabajadores", ha explicado Giráldez.

Clemente ha subrayado que UGT "es partidaria de no externalizar servicios públicos a empresas privadas", aunque ha admitido que "es inevitable".

También ha resaltado que toda contratación pública "tiene que responder al interés general, incluido el de los trabajadores".

Los dirigentes de UGT han confiado en que las diferentes administraciones públicas de la región "tengan la suficiente sensibilidad en algo tan importante" y acepten la mayoría de sus propuestas.

La propuesta de UGT consiste en ocho cláusulas para su inclusión en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas "para garantizar un servicio de calidad y un empleo de calidad".

Las cláusulas aluden al cumplimiento del convenio colectivo, el pago de salarios, los límites en los precios de adjudicación, la valoración de las ofertas temerarias, determinados criterios de exclusión en caso de incumplimiento, normas que prohíban la subcontratación, las condiciones de subrogación y el seguimiento y control de la adjudicación.

UGT aboga así por la creación de un organismo que haga un seguimiento y un control detallados de la adjudicación porque "los pliegos de condiciones pueden ser magníficos pero de nada sirven si luego no se cumplen", ha dicho Cobo.

El sindicato propone que los precios de adjudicación del servicio nunca estén por debajo del coste del convenio colectivo de aquellos trabajadores que lo desarrollen, y extienden esta responsabilidad a la propia administración pública.

Además, UGT aspira a incluir en las licitaciones públicas la obligación de presentar una certificación mensual que garantice que los trabajadores están al día en el pago de sus salarios.

La propuesta del sindicato también apela a no limitar la adjudicación al único criterio de la valoración económica.

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