CEOE-CEPYME reclama un pacto que permita la continuidad de Solvay

CEOE-CEPYME ha expresado hoy su apoyo a la moratoria de dos años que ha solicitado Solvay para adecuarse a las exigencias ambientales de la Unión Europea y ha reclamado al Gobierno de Cantabria que "agote cualquier vía" para llegar a un acuerdo que permita la continuidad de la planta de Barreda.

La organización empresarial señala, en un comunicado, que la continuidad de la actividad de la planta de Solvay se ve amenazada al superarse el plazo que ha marcado la Unión Europea para adecuar la actividad a las normas ambientales que afectan a uno de sus departamentos de producción.

Su presidente, Lorenzo Vidal de la Peña, reclama al Gobierno regional, como interlocutor ante las instituciones europeas, que "se agote cualquier vía que evite la pérdida de una inversión que Cantabria necesita y de unos puestos de trabajo que la comarca del Besaya no puede permitirse perder"

Según Vidal de la Peña, la empresa admite la obligatoriedad de esta modificación en sus procesos, se reconoce dispuesta a abordarla y solicita únicamente una ampliación de plazo, por lo que, a su juicio, "no parece posible creer que no pueda encontrarse un punto de acuerdo".

Subraya además que lo que "está en juego" es el empleo de una de las comarcas industriales "más castigadas de España" y una inversión de 50 millones de euros, "relevante en una pequeña comunidad como es Cantabria".

Para el presidente de la patronal, los ciudadanos y los trabajadores no podrían entender que no se alcanzase un acuerdo y "el empresariado va a entender que sus inversiones están en manos de instituciones sordas y ciegas a las circunstancias y condiciones que rodean a la vida real de la empresa".

"Desde la empresa cántabra somos conscientes de que el compromiso con el medio ambiente no es solo una declaración ética sino una obligación legal y entendemos que en ocasiones el equilibrio entre estas obligaciones y la sostenibilidad del empleo es complejo pero no hay que dejar de trabajar para encontrar un pacto asumible por la empresa y aceptable por la UE", afirma.

La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación sobre la posibilidad de que el Gobierno de Cantabria pueda conceder una moratoria a la empresa, lo que ha sido denunciado por competidores de Solvay en España.

Según dijo la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, tras conocerse esta investigación, el Gobierno regional está a disposición de la CE para enviar los informes "técnicos, jurídicos y medioambientales" que justifican la moratoria provisional de dos años a Solvay para ajustar a la normativa europea su producción de cloro.

También advirtió de que la decisión de otorgar la moratoria ha de pasar por un periodo de alegaciones antes de ser definitiva.

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