Empresa Familiar propone 50 medidas para quitar trabas a crecimiento y empleo
La Asociación Cántabra de Empresa Familiar (Acefam) ha presentado a los grupos políticos en el Parlamento regional un informe que[…]
La Asociación Cántabra de Empresa Familiar (Acefam) ha presentado a los grupos políticos en el Parlamento regional un informe que plantea 50 reformas en distintos ámbitos para superar las trabas que dificultan el crecimiento de las empresas y la creación de empleo.
Acefam informa en una nota de prensa de que ha presentado a los grupos políticos el Informe "La dimensión Empresarial como factor de competitividad", un estudio realizado por el Instituto de Empresa Familiar (IEF) en el que, además, se constata la importancia que el crecimiento empresarial tiene para la evolución socio-económica del país y se analizan los factores que favorecerían el desarrollo del tejido productivo.
El informe ha sido presentado personalmente por la directiva de Acefam a los representantes políticos de PP, PSOE, PRC, Podemos y Ciudadanos en la Cámara cántabra, además de a UPyD, sin representación parlamentaria.
El objetivo, tal y como ha explicado el presidente de Acefam, Manuel Huerta, es dar a conocer datos que contribuyan a conocer la realidad empresarial del país e ideas para el diseño de medidas efectivas "a quienes tienen en sus manos la toma de decisiones que pueden beneficiar al desarrollo económico y la creación de empleo".
La iniciativa ha sido bien acogida por los grupos parlamentarios, que se han comprometido a "estudiar y analizar en profundidad" las medidas planteadas, teniendo en cuenta que las empresas familiares son "un valor esencial" para la economía y la sociedad de la región, ya que "representan el 92 % de las sociedades anónimas y limitadas de Cantabria y generan el 82,5 % del empleo".
Según ha indicado Huerta, que esta semana presidirá la asamblea general de Acefam con la vista puesta en la transformación de las empresas, la dimensión de las compañías españolas es una de las principales preocupaciones, puesto que es menor que la de los países del entorno y "condiciona el progreso y la estabilidad de la economía", dejándola "más expuesta a los ciclos económicos tal y como se ha visto durante la crisis".
Así, el informe presentado a los grupos políticos señala que el tejido empresarial español está formado por 3,24 millones de empresas activas, de las que sólo el 0,7 por ciento emplean a más de 50 trabajadores, frente al 3 por ciento de Alemania o el 1,2 por ciento de media de la UE 28.
Para mejorar esta situación, entre otras propuestas, la empresa familiar hace un llamamiento a hacer una apuesta decidida por la formación dual y a conseguir un Pacto de Estado por la Educación elaborado por un grupo de expertos independientes y que sea consensuado por todas fuerzas políticas.
Por otro lado, el informe propone la creación de un contrato fijo único que aglutine las actuales modalidades de indefinido, circunstancias de la producción y obra o servicio determinado, con una indemnización creciente en el tiempo, y aboga por flexibilizar el contrato a tiempo parcial, de manera que el número de horas anuales se pueda repartir a lo largo del ejercicio según las necesidades de la producción.
También señala la necesidad de facilitar la movilidad geográfica laboral y otras medidas que permitan a las empresas evitar despidos y mejorar la capacidad de organización y condiciones del trabajo, y la creación de un sistema de capitalización individualizado que agrupe tanto la pensión como las indemnizaciones a lo largo de la vida laboral de la persona.
En cuanto a las administraciones públicas, la empresa familiar propone favorecer la colaboración con el sector privado en la prestación de servicios públicos y simplificar y racionalizar el actual marco regulatorio y normativo.
Y plantea revisar todo el conjunto de tributos que afectan a las empresas para eliminar aquellos sin relevancia recaudatoria y que dificultan el crecimiento.
El estudio también propone una rebaja de las cotizaciones sociales por parte de las empresas y la eliminación de aquellos tributos "que suponen una barrera al inicio de nuevas actividades económicas", como las licencias municipales, tasas, o Actos Jurídicos Documentados.
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