El auditor testifica que la CAM le ocultó información
Afirma que no supo de los contratos de opciones sobre titulizaciones, que luego permitieron a la caja generar unos beneficios ficticios
Cumplida ya la primera semana del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra los ocho ex altos cargos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) -con el expresidente Modesto Crespo a la cabeza-, el panorama para los acusados no se presenta precisamente halagüeño vistas las declaraciones prestadas hasta ahora. A las contradicciones evidenciadas entre varios de ellos sobre quienes estaban realmente «al tanto» del deterioro de la entidad, se unieron este martes las manifestaciones del auditor afirmando que se le ocultó información relevante.
Javier Muñoz, el socio de KPMG que revisó las cuentas de la CAM en 2010 y 2011, señaló a preguntas del tribunal que la entidad no le facilitó datos importantes sobre operaciones de titulización. En concreto, no le hizo mención alguna de unos contratos de opciones que en última instancia, según el escrito de acusación de la Fiscalía, permitieron «incrementar ficticiamente» los beneficios hasta presentar un resultado positivo provisional de 65 millones de euros en el ecuador de 2011.
Según las conclusiones del Ministerio Público, ocultando la existencia de esos contratos de opciones de recompra la caja daba la apariencia de que transfería los riesgos a los inversores. Con ello lograba dar de baja los activos 'dañados' del balance y, a la vez, liberar las provisiones aplicadas. En cifras concretas se trataría de 1.100 millones, por lo que el auditor destacó que las diferencias entre las cuentas reales y las que se declararon antes eran «sustanciales».
Muñoz afirmó que su labor estuvo condicionada por los «errores» u «omisiones» en la información que se le daba desde la CAM. Una vez sabido, tras la intervención del Banco de España para rescatar a la caja (junto a FROB y FGD), que le faltaban datos esenciales de las cuentas el auditor llegó a la conclusión de que, al menos en las relativas al primer semestre de 2011, «no daban su imagen real» y tenían ajustes «sin ningún sentido contable y económico».