Arranca el juicio contra el alcalde de Palas y su antecesor por acoso laboral

El actual alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, y su antecesor en el cargo, Fernando Pensado -ambos del Partido Popular-, se sentaron hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, junto con otras nueve personas -entre concejales y funcionarios-, para responder por los supuestos delitos de prevaricación y acoso en el trabajo, a raíz de la denuncia que interpuso contra ellos la secretaria municipal, Celia González.

En principio, según la programación de la propia Audiencia, está previsto que la vista oral se prolongue hasta el próximo lunes.

El ministerio fiscal acusa a ambos alcaldes, al actual y a su antecesor, de un delito continuado de prevaricación, por el que les pide una pena de diez años de inhabilitación para cargo público y una multa de 3.600 euros; y de un delito de acoso en el trabajo, por el que solicita para cada uno de ellos una condena de dos años de prisión.

El fiscal afirma en su escrito de acusación que el alcalde anterior le dio a la secretaria municipal un "trato totalmente inadecuado" e incluso permitió que "el personal del Ayuntamiento" de Palas de Rei "desobedeciera toda orden" dada por la funcionaria, además de retirarle "las claves de acceso a los equipos y programas informáticos" del consistorio.

Sostiene la acusación pública que Pensado, cuando "conseguía" mediante esas "maniobras" quitar "de en medio a la secretaria" titular, nombraba "como secretario accidental" a otro funcionario, "a sabiendas de su ilegalidad", dado que "no reunía los requisitos previstos por la ley para tal nombramiento", para proceder a efectuar pagos con "reparo" de legalidad.

Cuando el actual alcalde tomó posesión de su cargo, se unió "a esa situación de mobbing", sostiene el ministerio fiscal, e incluso le dio "a entender" a la secretaria que si no hacía lo que él le ordenase, le bajaría el sueldo.

De hecho, aclara el fiscal, la cambió de despacho y la suspendió de empleo y sueldo de forma provisional "varias veces", a pesar de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo lo "obligaba a readmitirla y a indemnizarla".

Entre los acusados, además de cuatro ediles del equipo de gobierno, también figura la persona que "ocupaba el cargo de director xeral de Administración Local" en la Xunta de Galicia en el momento de los hechos, porque "firmó un informe" destinado "a dar cobertura jurídica a las pretensiones del resto de los encausados".

El fiscal también pide cuatro años de prisión para el funcionario que ejercía como secretario accidental, por los delitos de "usurpación de funciones públicas" y acoso en el trabajo.

"Es un momento para dejar actuar a la Justicia, para que por fin se cierre un capítulo durísimo, de siete años. Bienvenido sea el juicio, que se resuelva, que se cierren siete años muy difíciles, muy complicados y muy duros de mi vida", dijo Celia González a los medios de comunicación antes de entrar en la sala de vistas.

La funcionaria precisó que ella ha estado "trabajando siempre" en el Ayuntamiento de Palas de Rei, donde tiene su plaza.

"He estado trabajando siempre. Me abrieron seis expedientes disciplinarios, estuve suspendida provisionalmente de empleo y sueldo, pero después de diecinueve contenciosos administrativos, en los que todos me dieron la razón, sigo siendo secretaria titular de la plaza", precisó.

Recordó, asimismo, que esta situación la obligó "a estar de baja", la "última vez" durante "catorce meses", pero "ahora mismo" está "de alta laboral y trabajando en el Ayuntamiento de Palas".

Reconoció que la resolución de este juicio es una "cuestión súper importante" para ella misma y para "su familia", porque confía en que la Justicia le dé la razón y continuar "trabajando en el Ayuntamiento de Palas", pero "en otras condiciones".

"Estoy con la ilusión de que después de un proceso larguísimo, en el que hemos sufrido todos muchísimo, por fin esto se resuelva. Lo veo como el final de un largo camino", concluyó.

Ni el alcalde actual ni su antecesor quisieron hacer declaraciones antes del juicio, más allá de manifestar que afrontan el proceso con "tranquilidad", pero si atendieron a los medios José Ramón Sierra, abogado de Pablo Taboada, y Juan Carlos Fernández López-Abad, representante legal de Fernando Pensado.

"Estamos aquí para explicar la verdad de lo sucedido y la falsedad de las acusaciones, muy graves, dado el carácter político que, creemos, tienen la mayoría de las afirmaciones de la acusación particular", dijo Sierra.

Aseguró que los integrantes de la defensa están "ansiosos" por "limpiar de alguna manera" la "imagen, la dignidad y el honor" de los acusados, que han estado "estigmatizados y manchados" por "esta acusación después de tantos años".

A pesar de que la secretaria municipal afirmó a las puertas de la Audiencia Provincial que había ganado a lo largo de este proceso diecinueve contenciosos, José Ramón Sierra dijo que "cuenta mal".

"Por lo menos el último lo ha perdido" y "lo ha recurrido a la Sala de Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional", precisó.

"Con respecto a los expedientes disciplinarios, hay cuatro. Tres de los expedientes dicen que las faltas existieron" por su parte, aunque "habían prescrito o había un error en la calificación", mientras que el "cuarto de los expediente confirma que no han prescrito y que son graves", precisó el letrado, quien se preguntaba "a qué otros quince expedientes se refiere" la propia secretaria, "disciplinarios desde luego que no".

En cuanto a la posible motivación política de este proceso, subrayó que "es muy curioso que esta querella se interponga una semana antes de las elecciones, curiosísimo".

Desde su punto de vista, "no hay otro remedio que pedir la libre absolución".

En la misma línea se expresó el abogado que representa a Fernando Pensado, quien opina que es un caso de "absolución como una catedral", porque "no existe ninguna prueba que nos lleve a una condena en un procedimiento penal".

"Todo lo más, puede haber algún tipo de irregularidades como las hay en todos los ayuntamientos, pero serían susceptibles de la fiscalización por otros órganos jurisdiccionales, como el contencioso-administrativo, que para eso está", precisó Fernández López-Abad.

Ambos letrados recordaron que el propio Tribunal de Cuentas se ha pronunciado para aclarar que "no hubo ningún tipo apaño", ni "malversación o quebranto para la hacienda pública".

"Es muy llamativo que el ministerio fiscal considere que no hay fraude en subvenciones ni malversación de caudales públicos y la acusación particular sí", añadió Sierra.

Por su parte, el responsable de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, Eliseo Rivas, que esta mañana se trasladó a Audiencia Provincial para arropar a dos afiliados del sindicato -un funcionario y un trabajador fijo- que también figuran en la lista de imputados, dijo que es el "momento de dejar trabajar a la Justicia" ante una causa "desagradable para ellos", porque considera la "imputación es injusta".

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