Más de 200 accionistas navarros del Popular se unen para acciones legales

Más de 200 accionistas navarros del Banco Popular se han sumado a las acciones legales que emprenderá la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) por la venta por un euro de la citada entidad al Banco Santander, lo que ha supuesto la pérdida de sus inversiones.

La Asociación ha encargado al bufete Cremades & Calvo Sotelo la defensa de los intereses de los accionistas perjudicados, y el despacho de estos abogados en Pamplona ha tramitado en los últimos días las reclamaciones del citado número de accionistas, según ha informado a EFE el socio del mismo, Arturo del Burgo.

El despacho de abogados presentó el pasado 12 de junio una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para pedir el inicio de las investigaciones para esclarecer "una presunta manipulación del valor de la acción, identificar responsables por una filtración de información privilegiada del propio Banco y para investigar una posible administración temeraria del último consejo de administración del Banco Popular".

Los abogados entienden que la administración temeraria habría tenido lugar con la actuación del último consejo, "provocando la alarma entre los depositantes y dejando al Banco en una situación de liquidez que ha desembocado en esta confiscación".

Arturo del Burgo ha explicado que aspiran a representar "al mayor número de accionistas posibles, para que la unión de todos logre la fuerza necesaria para hacer valer los derechos de los perjudicados".

Entiende que "ante una situación compleja como ésta, la fiscalía es la única que tiene realmente los medios para poder investigar y responder así a la pregunta de por qué un banco en teoría solvente se liquidó de la noche a la mañana por un euro, dejando en la estacada a sus propios accionistas".

El despacho estudia también emprender diversas acciones judiciales, como interponer una acción social de responsabilidad contra el consejo de administración de Banco Popular y una reclamación administrativa ante las autoridades nacionales y europeas "con el fin de exigir responsabilidades por no haberse llevado a cabo un procedimiento con las debidas garantías y con una compensación justa".

Arturo del Burgo tampoco descarta "acciones civiles en defensa de los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de junio de 2016".

"Estamos ante el inicio de un procedimiento largo, que durará incluso años, pero que estamos confiados en que tendrá como resultado el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a los miles de accionistas que lo han perdido todo", según Del Burgo.

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