Las Cortes modificarán mañana 32 leyes, entre otras la de Función Pública

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El debate de la futura Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, que se aprueba habitualmente como complemento al presupuesto autonómico, desembocará mañana en la modificación de hasta 32 leyes autonómicas, entre ellas la de Función Pública, que ha sido criticada por sindicatos y oposición.

Aún están abiertas las negociaciones entre los grupos parlamentarios para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo en esta materia, pero fuentes parlamentarias han explicado a Efe que la regulación en la que más desacuerdo hay es la que afecta al concurso de traslados y a la convocatoria de plazas, especialmente en el sector sanitario.

Los sindicatos manifestaron su rechazo a la modificación de la Ley de Función Pública que incluía el proyecto de ley de la Junta de Castilla y León, lo que llevó a los grupos parlamentarios, también el Popular, a plantear una serie de enmiendas que no han prosperado en la fase de comisión y aún se negocian, fundamentalmente entre el PP y Ciudadanos.

Ayer trascendió que el PP ha aceptado al menos dos enmiendas planteadas por IU-Equo que, en la práctica, significarán que Los centros sanitarios privados sin ánimo de lucro que concierten acciones puntuales con Sacyl no podrán facturar por encima de los precios públicos establecidos por la Junta y tendrán que ser justificadas y de carácter excepcional.

La Junta ha defendido que la mayor parte de las modificaciones legislativas responden a razones técnicas y de trasposición de normativa europea y nacional, pero los grupos de la oposición han criticado que entre estas normas el Ejecutivo ha aprovechado para introducir cambios el leyes importantes sin el debate específico de cada una de ellas.

Los cambios afectarán a las leyes de Sanidad Animal; de Caza; de Protección de Animales de Compañía; del Gobierno y de la Administración de la Comunidad; de la Viña y del Vino; de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; de Protección Ciudadana; de Carreteras; de Montes; de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad y de Gestión Pública; de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación; de Pesca; Agraria; del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental; y del Patrimonio Natural.

También se modificarán la Ley Electoral; de Bibliotecas; de Archivos y Patrimonio Documental; de Cámaras Agrarias; de Urbanismo; de Creación del Instituto Tecnológico Agrario; del Deporte; de Universidades; de la Función Pública; de Medidas Financieras; de la Hacienda y del Sector Público; del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud; de Subvenciones; de Ordenación del Sistema de Salud; de Comercio de Castilla y León; de la ley por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor, y finalmente de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial.

El texto normativo que se aprobará mañana al menos con el apoyo de los 42 procuradores del PP y la abstención de Ciudadanos, prevé también la supresión de la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial (Cylsopa), dedicada a facilitar las inversiones en condiciones óptimas de financiación y la gestión de los bienes propiedad de la Administración.

Cuando la consejera presentó estas modificaciones defendió que esta empresa pública había "cumplido sus objetivos", incluidos la obtención de "beneficios".

La consejera explicó que esta supresión significará que los cuatro empleados -uno de ellos director- pasarán a formar parte de la ADE y avanzar en una línea "coherente" con las medidas de reestructuración del sector público que ha aplicado la Junta desde 2011.

La hasta ahora conocida como ADE -Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León- cambiará su denominación también con la entrada en vigor de la Ley de Medidas, para llamarse a partir de entonces Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.

Sobre este cambio, la consejera reconoció que "no tiene efecto práctico" desde el punto de vista de la naturaleza empresarial, sino que tiene más que ver con poner el acento en la competitividad y presentar un "nombre más claro", ya que el actual es "imposible de decirlo sin cambiar el orden".EFE

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