Arteixo (A Coruña) respalda el plan industrial de Ferroatlántica en Sabón

El alcalde de Arteixo (A Coruña), Carlos Calvelo, y los portavoces de los grupos municipales han expresado hoy su respaldo al plan industrial acordado entre los representantes de los trabajadores de Ferroatlántica y la empresa en Sabón, han informado a Efe fuentes sindicales.

No obstante, se ha convocado un pleno a las cuatro de la tarde del próximo lunes para refrendar este acuerdo.

"Es una reunión lógica, ya que el futuro que se dirime es el de los 533 empleados de Ferroatlántica en Galicia y no solo el de los 268 de Cee y Dumbría. En Arteixo están en juego 300 empleos nuevos y los 161 actuales", añaden fuentes de la empresa.

Este plan contempla la creación en Sabón de una nueva fábrica de silicio solar con una inversión de 42 millones de euros y la creación de 90 puestos trabajo directos y 150 indirectos.

Además, hace unas semanas la empresa anunció la posibilidad de abrir un corredor tecnológico entre los centros de Sabón y Cee-Dumbría para llevar a cabo en la Costa da Morte parte del proceso de fabricación de silicio solar previsto inicialmente en exclusiva en Arteixo.

Se integrarían así los tres centros de producción con el objetivo de repartir y consolidar la fabricación de silicio solar en Galicia.

Las inversiones y acciones del plan industrial están supeditadas a la venta de las centrales hidroeléctricas que la compañía tiene en los ríos Xallas y Grande, añaden fuentes de la empresa, que recuerdan que la Xunta está en estos momentos analizando la solicitud de segregación de actividades -ferroaleaciones y generación eléctrica- presentada por la empresa.

A este respecto, el Comité de Ferroatlántica ha presentado hoy las alegaciones al trámite abierto en la Xunta por la empresa solicitando autorización administrativa para la supresión de la prohibición de segregación de actividades, y ha advertido de la intervención política del Gobierno en el proceso.

"La Xunta no tiene deber legal ninguno de acceder a la solicitud. Si autoriza esta modificación será por una decisión política. Y, en todo caso, esta decisión política tendría consecuencias jurídicas, entre ellas, que el grupo Villar Mir no podría mantener la concesión de los aprovechamientos y decidir sobre la venta de las centrales como si fuera el propietario de los ríos", sostiene.

Lo que pretende Villar Mir, añade, es "ocultar a la Xunta que el verdadero objetivo de esta operación es obtener dinero para afrontar su abultada deuda".

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