Iberpotash celebra la decisión judicial que le permite seguir vertiendo sal

El consejero delegado de ICL Iberia Súria&Sallent, Carles Aleman, ha celebrado hoy la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de aceptar la moratoria que había solicitado Iberpotash para que su mina de Sallent pueda seguir vertiendo sal en el Cogulló al menos hasta finales de 2018.

"Estoy muy contento porque esta decisión es un paso adelante para la empresa y el Bages y avala el trabajo que hemos hecho todos para seguir desarrollando económicamente esta comarca", ha declarado el máximo responsable de ICL Iberia Súria & Sallent, la nueva denominación de Iberpotash.

Aleman ha indicado que esta moratoria supone "un paso de gigante hacia la minería sostenible", lo que la compañía conseguirá en un plazo de cuatro años.

Además, ha añadido, refuerza el compromiso de la empresa, filial de la multinacional israelí ICL, "con el territorio y el medio ambiente".

"Verifica que estamos cumpliendo todas las promesas y compromisos y queremos seguir trabajando de forma honesta, transparente y seria, y comunicando al territorio los avances, problemas y oportunidades que tengamos", ha subrayado.

Carles Aleman ha agradecido el trabajo que estos últimos años ha realizado el equipo de ICL para lograr esta moratoria, así como la confianza que numerosas personas, instituciones y asociaciones han depositado en la empresa "y su apoyo incondicional".

"También agradezco a quienes no nos han dado apoyo pero se han sentado con nosotros para hablar, intercambiar ideas y han mostrado interés", ha apuntado.

El ejecutivo ha dicho que en esta nueva etapa la empresa intentará "no defraudar" a ninguno de los dos colectivos y que cumplirá lo que dice "con total rigor", avanzando a corto plazo hacia la minería sostenible.

El TSJC establece en su auto que la Comisión de Urbanismo de la Catalunya Central, dependiente de la Generalitat, debe aprobar ahora las circunstancias excepcionales para amparar la moratoria solicitada por Iberpotash, aceptando el aval de 3,9 millones ofrecido por la empresa y reduciendo en 23 metros la cota de altura de la montaña de residuos.

Concretamente, el tribunal sostiene que deberá fijarse una primera prórroga hasta el 30 de junio de 2019, que podría aplazarse hasta el 30 de junio de 2019, siempre que la empresa lo solicite tres meses antes de que expire la primera.

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