El Govern aprueba un decreto ley con medidas contra el intrusismo en el taxi

El gobierno catalán ha aprobado hoy un decreto ley con medidas urgentes para luchar contra el intrusismo en el sector del taxi, como la aplicación de una moratoria de dos años en la venta de licencias VTC (vehículo de alquiler con conductor).

El texto, que se centra en los vehículos de hasta nueve plazas, quiere ordenar la convivencia entre el sector del taxi y el servicio VTC que ofrecen plataformas como Uber y Cabify.

Las medidas contenidas en el decreto ley entrarán en vigor "de manera casi inmediata" al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat, sin perjuicio de que después las convalide el Parlament, según ha informado hoy el Govern.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ya avanzó ayer algunas de las medidas contenidas en este decreto ley, que obligará a este tipo de servicios de transporte a tener su licencia de VTC, a tener una identificación obligatoria, que se deberá colocar en el parabrisas, y a informar de cada viaje a través de un registro electrónico, que creará la Generalitat, y con el que se comunicará de forma inmediata a las autoridades, policiales y administrativas, del servicio contratado.

Sólo en Cataluña hay acumuladas más de 3.000 solicitudes de licencias VTC, por lo que el decreto ley también prevé una moratoria de dos años para la venta de este tipo de permisos, para evitar que se pidan licencias "por motivos especulativos", pues es "prácticamente imposible que tantos VTC entren a funcionar al mismo tiempo".

Estas medidas responden a las exigencias del sector del taxi, que en las últimas semanas han realizado diversas movilizaciones para exigir precisamente que se regule la actividad de los vehículos de alquiler con conductor.

El decreto ley también contempla sanciones de 1.000 euros para aquellos VTC que no estén en el registro, de 2.000 euros para aquellos que no porten el distintivo obligatorio y de hasta 4.000 euros para empresas de otras comunidades autónomas que presten más del 20 % de sus servicios en Cataluña.

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