Gobierno de P.Rico prevé impacto negativo si reducen jornada de funcionarios

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, insistió hoy en que si se reduce la jornada laboral de los empleados públicos habrá un impacto negativo en los hogares de miles de puertorriqueños y en la economía de la isla, que atraviesa una grave crisis financiera.

Las palabras de Rosselló se producen la víspera de la novena reunión de la Junta de Supervisión Fiscal, en la que el asunto principal será, precisamente, una posible reducción de la jornada de los funcionarios para contribuir a unas cuentas públicas saneadas.

Esa entidad, impuesta por Washington y que se superpone al Ejecutivo puertorriqueño, fue establecida por la "Ley Promesa" que aprobó el Congreso estadounidense en junio de 2016 para atender el problema de la deuda millonaria de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado (ELA) a EEUU con autonomía limitada, mediante grandes recortes de gastos.

Se trata de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, "Promesa" por sus siglas en inglés (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act).

Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar su gigantesca deuda y, ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez, solicitó la colaboración de Washington, y de ahí surgió la "Ley Promesa".

El Gobierno de San Juan informó hoy en un comunicado de que hay evidencia de que la medida de reducción de jornada es innecesaria para cumplir con los objetivos del Plan Fiscal certificado por el propio organismo federal de control.

"No hay razones para implementar una reducción de jornada laboral que afectaría el bolsillo de los servidores públicos, y la economía si nuestra Administración ha presentado evidencia de que cuenta con el dinero en caja para seguir cumpliendo con las medidas estipuladas en el Plan Fiscal certificado", sostuvo Ricardo Rosselló.

Al 30 de junio de 2017 el balance en caja de efectivo ascendía a 1.799 millones de dólares, cifra muy por encima de lo estimado en el Plan Fiscal certificado en marzo pasado, cuando se proyectaba que habría 291 millones de dólares en liquidez, según Rosselló, quien apeló a "la sensatez de los miembros de la Junta de Supervisión".

El gobernador dijo que esta misma semana la Asociación de Economistas, la Asociación de Bancos, la Asociación de Constructores, el Grupo Unido de Importadores de Automóviles y el Colegio de Trabajadores Sociales advirtieron del impacto económico y social en la isla si se reduce la jornada laboral de miles de empleados públicos.