La Junta Fiscal Europea pide un salvavidas para invertir en tiempos de crisis

La Junta Fiscal Europea, organismo independiente que asesora a la Comisión Europea en materia fiscal, abogó hoy por crear un esquema que permita proteger la inversión pública en los países de la Unión Europea para evitar los recortes en tiempos de crisis.

"No podemos estar seguros de que el entorno seguirá siendo tan benigno, pero podemos estar seguros de que en algún momento llegará una crisis (...)Los próximos dos años deberían usarse no solo para implementar reformas sino también para desarrollar una capacidad fiscal central", dijo el presidente de la Junta Fiscal Europea, Niels Thygesen, en un encuentro con varios medios de comunicación.

El órgano asesor recoge esta recomendación en su primer informe sobre la aplicación de las reglas de disciplina fiscal de la Unión Europea, el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fue publicado hoy y evalúa la situación en 2016.

La propuesta, creen, llega en un momento propicio puesto que los Estados miembros y la Comisión Europea debaten sobre cómo reforzar la eurozona en el futuro y, en particular, la creación de un mecanismo de carácter fiscal que permita responder de forma conjunta cuando alguno de los Estados sea golpeado por una crisis.

La Junta cree que este instrumento es necesario porque la política fiscal tendrá que apoyar más a la política monetaria -responsable principal de la recuperación actual- en el futuro y porque permitirá una mejor respuesta.

De entre las alternativas esbozadas por la Comisión, la Junta se decanta por un mecanismo para sostener la inversión pública, que "es lo primero que se recorta o pospone" cuando hay estrecheces económicas, dice.

El organismo considera que este podría desarrollarse partiendo de la experiencia del Plan Juncker de inversiones europeo, cuyo principio es que una "modesta" inversión pública en un proyecto, que sirva como garantía frente al riesgo del mismo, puede desencadenar una inversión privada más importante.

No detalla, sin embargo, cuál sería su diseño, qué volumen de financiación necesitaría y cómo lo conseguiría.

La Junta cree que esta opción sería más fácil de aplicar que un sistema de seguro por desempleo europeo, en el que los países recibirían fondos cuando superasen un cierto umbral de desempleo fijado en función de sus circunstancias nacionales, puesto que estos niveles de "equilibrio" para cada Estado no pueden medirse directamente.

En cuanto a la posibilidad de que este instrumento de estabilización se materialice en un presupuesto propio para la eurozona, la Junta lo ve como una opción a largo plazo incluso para la UE a Veintisiete.

A medio plazo, dicen, un mecanismo para proteger la inversión es la vía "más prometedora" ya que, además de movilizar recursos privados, tendría efectos positivos tanto en la demanda como en el potencial de crecimiento a largo plazo.

Independientemente de la opción que se escoja, la Junta advierte que será un "reto" evitar que las economías más fuertes acaben haciendo siempre transferencias a los países más débiles, y que esto desincentive los esfuerzos de las capitales para esquivar la recesión.

Por ello, defiende condicionar el acceso a que los países cumplan las normas fiscales.

Por otro lado, la Junta Fiscal Europea considera que en 2016 el cumplimiento de las normas fiscales comunitarias fue "imperfecto" y pone como ejemplo el caso de España y Portugal, que evitaron una multa pese a que no tomaron medidas para reducir su déficit.

Ante la "ineficacia" de las sanciones, recomienda ligar el desembolso de fondos del presupuesto comunitario al respeto de las normas fiscales para incentivar a los países.

Además, piden "simplificar radicalmente" estas normas, demanda que comparten los Estados.