La CE pedirá a la banca facilitar el acceso de "fintech" a datos de clientes

La Comisión Europea (CE) presentará antes de final de mes una nueva regulación que pedirá a los bancos crear interfaces[…]

La Comisión Europea (CE) presentará antes de final de mes una nueva regulación que pedirá a los bancos crear interfaces de comunicación con las "fintech", herramientas tecnológicas que prestan servicios financieros, para que estas accedan de forma fácil y segura a los datos de sus clientes.

Las empresas del sector de las "fintech" o finanzas tecnológicas ofrecen a los usuarios, sobre todo, servicios de pago en línea o para gestionar todas sus cuentas en un solo lugar (a través de aplicaciones móviles, por ejemplo), para lo cual necesitan acceder a la información que los bancos tienen de estos usuarios.

Hasta ahora, la reacción de las entidades financieras, que ven en estas empresas a competidores de nuevo cuño, pero menos regulados que la banca, han puesto trabas al acceso alegando cuestiones de seguridad y de protección de datos, pese a que los propios clientes autorizan a las "fintech" a obtener su información.

Por ello, Bruselas propondrá una regulación que pedirá a los bancos que desarrollen interfaces destinadas a la comunicación con las "fintech" para que estas puedan acceder a la información de manera eficiente y garantizando que los datos están protegidos, indican fuentes de la Comisión Europea conocedoras de la propuesta.

El cliente deberá, en todo caso, dar su consentimiento explícito para que estas accedan a su información bancaria.

Aquellas entidades que opten por no establecer estas interfaces, una opción que la CE espera se dé en muy pocos casos, podrán seguir utilizando el método actual que se basa en el "scraping", una técnica que permite obtener datos a partir de la lectura de un sitio web, en este caso, la página del banco que ve el cliente.

Esta técnica plantea problemas desde el punto de vista de la seguridad, por lo que con la nueva regulación las "fintech" que la utilicen tendrán que identificarse ante el banco, algo a lo que hoy no están obligadas, explican las citadas fuentes.

Bruselas espera que bancos y "fintech" colaboren para desarrollar estas interfaces, y que la medida facilite la entrada de más empresas tecnológicas en un sector hasta ahora monopolizado por las entidades tradicionales e impulse la aparición de medios alternativos de pago o gestión.

La existencia de un marco regulador les evitará litigios con los bancos u otras autoridades por el acceso a la información, al tiempo que estarán sometidas a la vigilancia de los supervisores nacionales y seguirán teniendo que respetar las leyes de protección de datos.

En España, un 37 % de usuarios de internet utiliza los servicios de estas "fintech" este año, el doble que en 2015, mientras que el volumen de negocio pasó de 35 millones de euros en 2014 a 205 millones en 2016.

Por otra parte, el Ejecutivo comunitario propondrá una segunda regulación para mejorar la seguridad en los pagos por internet, que obligará a que los proveedores exijan al menos dos elementos para verificar la identidad del comprador.

Esos dos elementos se deberán elegir entre algo que el cliente sepa (como un código PIN), algo que posea (la tarjeta de pago física) o algo que "sea" (como su huella dactilar).

En 2015, el 71 % de los casos de fraude con tarjetas de crédito en la Unión Europea se produjo en pagos por internet, una actividad que permitió defraudar 1.440 millones de euros en 2013, según datos de la Organización de Consumidores Europeos BEUC, que lo achaca a que, en general, para pagar basta con un número de tarjeta, fecha de expiración y el código CVV del reverso.

La CE presentará ambas regulaciones antes de finales de noviembre y espera que sean aprobadas por los países y la Eurocámara en menos de tres meses, si bien no será obligatorio aplicarlas hasta mediados de 2019.

Este periodo debería dar margen a los bancos para adaptarse y permitir probar en el mercado las nuevas interfaces.

Ambas normas complementan a la directiva que regula los servicios de pago en la UE y que entrará en vigor en enero de 2018.

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