Estos son los jubilados que pueden solicitar el bono eléctrico
El bono eléctrico cobra especial importancia en un contexto de aumento de precios energéticos
En España se estima que hay casi 7 millones de jubilados, es decir, personas que cobran una pensión al haberse retirado de sus puestos de trabajo. La edad ordinaria de jubilación en 2025 se establece en 66 años y 8 meses, pero hay quienes pueden retirarse antes de tiempo.
Los jubilados, además de recibir una cuantía mensual, cuenta con numerosas ventajas como descuentos, programas como el IMSERSO o bonos como el eléctrico. Eso sí, no todos pueden beneficiarse de estas ayudas, ya que dependen de las rentas medias de los jubilados.
El bono eléctrico es una ayuda económica que otorgan los gobiernos para reducir el coste de la electricidad a los hogares más vulnerables, especialmente en un contexto tan complicado como el actual. Su principal objetivo es garantizar el acceso a la energía eléctrica a familias con bajos ingresos, personas mayores, con discapacidad, o en situación de riesgo de exclusión social.
Este bono se aplica directamente sobre la factura de la luz y puede representar un descuento muy significativo, que varía según las circunstancias personales del solicitante. En muchos casos, el descuento oscila entre el 25% y el 40%, aunque puede ser mayor en situaciones especiales.
Como hemos mencionado anteriormente, para acceder al bono eléctrico, es necesario cumplir ciertos requisitos. Generalmente, se exige estar suscrito al mercado regulado de electricidad, tener una potencia contratada por debajo de un límite determinado (por ejemplo, 10 kW), y demostrar que los ingresos del hogar no superan ciertos umbrales.
Los umbrales se calculan en base al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 600 euros mensuales en 2025.
Además, el bono eléctrico suele tener una validez limitada, por lo que los jubilados deben renovarlo periódicamente, presentando nuevamente la documentación requerida. Su tramitación puede hacerse por medios electrónicos, telefónicos o presenciales.
Qué jubilados pueden optar al bono eléctrico
El bono social eléctrico sigue siendo una de las principales ayudas para que los hogares con menos recursos puedan afrontar el coste de la electricidad. No solo los jubilados pueden beneficiarse de ella, sino todas aquellas personas que se encuentren en una situación vulnerable y cumplan los requisitos.
Esta ayuda está regulada por el Real Decreto 897/2017, que establece tres niveles de protección: consumidor vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social. Además, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) supervisa su correcta aplicación, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica es quien coordina el programa.
Para acceder al bono social, el suministro debe estar en la vivienda habitual, tener contratada una tarifa PVPC y una potencia igual o inferior a 10 kW. Entre los beneficiarios destacan:
- Pensionistas que reciben la pensión mínima sin ingresos extra superiores a 500 € al año.
- Hogares con familia numerosa o que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
- Unidades de convivencia con ingresos iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM en 14 pagas.
Si los ingresos están por debajo del 100 % del IPREM, se considerará un caso de vulnerabilidad severa, lo que da acceso a mayores descuentos.
Descuentos que se aplican
En 2025, los descuentos varían según la vulnerabilidad y el semestre. Si el consumidor es vulnerable, tendrá un ahorro del 50 %, de enero a junio, y un 42,5 % de julio a diciembre. En cuanto al vulnerable severo, obtendrá un 65% de enero a junio, y 57,5 % de julio a diciembre.
Por último, aquellos beneficiarios que estén en riesgo de exclusión social tendrán un 50 % de descuento fijo y sin cortes por impago.
Cabe señalar que los descuentos se aplican hasta un límite de consumo anual. Por ejemplo, un hogar unipersonal tiene un tope de 1.587 kWh, mientras que una familia numerosa puede alcanzar hasta 4.761 kWh. El exceso se factura al precio habitual.
Este tipo de subsidio es fundamental para combatir la pobreza energética, una situación en la que las familias y jubilados vulnerables no pueden mantener sus hogares a una temperatura adecuada o cubrir sus necesidades básicas de electricidad.
Además, cobra especial importancia en un contexto de aumento de precios energéticos, siendo una herramienta clave para proteger a los ciudadanos más desfavorecidos y garantizar su derecho a una vida digna con acceso a servicios esenciales.
