Déficit: Bruselas se inclina por no salvar a España y activa las sanciones

La suerte está echada. La Comisión Europea está decidida a iniciar el próximo miércoles, día 18, el proceso sancionador contra España y quizá también contra Portugal por no haber tomado «medidas efectivas» en 2015 para cumplir con los objetivos de déficit pactados con Bruselas (debía ser del 4,2% y se fue al 5,1% del PIB). Existían vagas esperanzas de que no fuera así, pero tras la reunión que el Colegio de Comisarios celebró el martes por la tarde en Estrasburgo quedaron desvanecidas de un plumazo. «Como dicen los franceses, 'on est cuits'», confesó una alta fuente comunitaria sobre el encuentro. En castellano cortés, la traducción sería algo así como «estamos fastidiados», aunque también pueden utilizar otro adjetivo más coloquial... De nuevo, toca hablar de España. De nuevo, los problemas. Vuelve Bruselas, el kilómetro cero de la política española.

Esta decisión supone un duro varapalo político para la imagen del país en general y de Mariano Rajoy en particular, que en los últimos seis meses de legislatura tiró por la borda su alabada trayectoria como «campeón» de las reformas. El déficit empezó a desbocarse a medida que llegaba la cita electoral y al final, el país gastó 9.000 millones más de lo acordado. Que si el descontrol de los Gobiernos autonómicos, que si la bajada de impuestos, que si el mal comportamiento de la Seguridad Social, que si gastos extraordinarios como el de la hepatitis C... Todo esto, además, en un país monitorizado al extremo que no podía permitirse salirse del guión ya que lleva años en el brazo correctivo del sistema de vigilancia de la UE (el furgón de países más vigilados).

España incumplió, necesitará otra prórroga más de al menos un año (la cuarta desde 2009) y en Bruselas, las prórrogas, no son gratis. Habrá más vigilancia, más exigencias y consecuencias como enfrentarse a la primera multa de la UE por no cumplir el objetivo de déficit. Por partes. La Comisión no propondrá una multa como tal el día 18. El próximo miércoles, el Ejecutivo liderado por Jean-Claude Juncker, aprobará las recomendaciones específicas por los 28 Estados miembros. Algo así como un examen de lo hecho y un listado de deberes por hacer. En lo relativo a España, se concluirá que «no se tomaron acciones efectivas» en 2015 para corregir el déficit. Sin embargo, en la práctica, eso supone iniciar la maquinaria burocrática sancionadora.

Una vez aprobadas por el Colegio, las recomendaciones de España (también del resto de países) se enviarán al consejo de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), donde se analizarán y salvo sorpresa se aprobarán casi de forma automática el día 25 o ya el 17 de junio. Esta decisión es clave. Si al final se incluye en la agenda del día 25, el asunto puede estallar en plena campaña electoral española. Y es que es aquí, en esta fase, cuando ya se empezaría a hablar sin tapujos de multa con mayúsculas.

«No tendríamos más alternativa, la normativa nos obliga a ello», explican fuentes comunitarios. Según el reglamento, «si el Consejo dictamina que un Estado miembro no ha adoptado medidas efectivas para corregir su déficit excesivo, la Comisión, en el plazo de 20 días a partir de dicha decisión, recomendará al Consejo que imponga, en virtud de una nueva decisión, una multa equivalente al 0,2 % del PIB correspondiente al ejercicio precedente» (en el caso español, algo más de 2.000 millones).

La llamada «multa cero»

Pero el alambicado proceso no termina aquí. El Ejecutivo tiene 20 días para proponer una sanción pero dentro de este plazo, España tendría 10 para presentar «una solicitud motivada» para intentar convencer a Bruselas de que no se merece ser sancionada. Si lo logra, algo que es muy posible, el reglamento estipula que «la Comisión podrá recomendar que el Consejo reduzca la cuantía de la multa o la cancele». Se trata de la llamada «multa cero» que se viene hablando hace semanas en los pasillos comunitarios como la solución más factible al sudoku español. En todo caso, como recalcan en la Comisión, «nosotros no somos los que ponemos multas. Es el Consejo, los países, los que hacen todo en último término».

Respecto al 'timing', el asunto debe ser tratado en dos reuniones del Ecofin. Si se incluye en la cita del 25 de mayo, todo quedaría finiquitado el 17 de junio, a sólo nueve días de las elecciones. Si el presidente, Jeroen Dijsselbloem, decide posponer el primer análisis de las recomendaciones específicas al 17 de junio, el veredicto sobre la sanción se producirá el 12 de julio. Según varias fuentes, se estaría hablando de retrasar todo para evitar influir en la cita electoral, pero es bastante complicado.