Pequeños accionistas avanzarán judicialmente si Caixabank no sube opa del BPI

La Asociación de Inversores y Analistas Técnicos lusa (ATM), que representa a los accionistas minoritarios, avanzará con acciones judiciales si el español Caixabank no mejora el precio de su oferta pública de acciones (opa) sobre el Banco Portugués de Inversión (BPI).

En una rueda de prensa hoy en Lisboa, la ATM, que representa a accionistas con un total del 4 % del capital del banco, señaló que el precio de 1,134 euros por acción ofrecido por el Caixabank no es suficiente.

En septiembre, el BPI llegó a un acuerdo con su segundo mayor accionista, la empresaria angoleña Isabel Dos Santos, para cederle el control del Banco de Fomento de Angola (BFA), que estaba en manos de la entidad lusa.

A cambio, Dos Santos facilitó que los accionistas del BPI suprimieran el límite a los derechos de voto, un requisito para que la opa del Caixabank saliese adelante.

Los accionistas minoritarios consideran ahora que esa cesión del control del BFA a Dos Santos abre la puerta a un aumento del precio de la opa.

La administración del BPI "falló al abdicar del control del BFA y, con eso, de un valor muy significativo para el banco. Nunca debería haberlo hecho", señaló el presidente de la asociación ATM, Octávio Viana, en la rueda de prensa.

Por ello, pidieron a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa que nomine a un auditor independiente para que fije un nuevo precio.

Si el precio de la opa no aumenta, ya sea por iniciativa de Caixabank o por decisión del auditor, la asociación admitió que avanzará con acciones judiciales, entre ellas una contra la administración del banco y otra contra el propio Estado portugués.

"Tendríamos una situación en la que un banco español lanza una opa sobre un banco portugués a un precio injusto, y el Estado portugués tendría que pagar la diferencia que debía haber sido pagada por el banco", avisó.

El valor exigido al Estado luso podría rondar los 740 millones de euros, según calcula la asociación.

El BPI es el quinto banco del país y está participado por el español Caixabank, que presentó en abril una opa para hacerse con el control del cien por cien del capital la entidad lusa.

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