La maraña judicial del Popular tras la resolución acordada por Europa

Si bien acababa con la independencia de una entidad con 90 años de historia, la resolución acordada la madrugada del 7 de junio de 2017 abrió una nueva etapa para el Popular y sus antiguos gestores, envueltos desde entonces en una maraña de frentes judiciales tanto dentro como fuera de España.

Ordenada por la Junta Única de Resolución (JUR), la operación, que culminó con la venta del banco al Santander por un euro, redujo a cero las acciones y la deuda subordinada, amortización contra la que pronto tomaron medidas parte de los 300.000 inversores perjudicados.

Al organismo europeo se dirigieron los primeros escritos en los que afectados pedían la impugnación de la resolución pionera de la JUR y el acceso al informe íntegro realizado por la consultora Deloitte, que atribuyó al Popular un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros.

Aunque ninguno de ellos fue atendido, el Panel de Recursos remitió al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) al ser el órgano con potestad para pronunciarse al respecto.

Ni la desbandada a Luxemburgo ni el verano fueron óbice para que los inversores, incluidos los grandes fondos de inversión estadounidenses como Pimco, y el magnate chileno Andrónico Luksic, llevaran en masa a los tribunales nacionales tanto la operación como al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), encargado de ejecutarla.

La pasada semana, el organismo cifró en 259 los recursos presentados en la Audiencia Nacional, cuya tramitación ha sido paralizada a la espera de que la justicia comunitaria se pronuncie al respecto.

La Memoria del FROB, que reconoce que la decisión de la JUR causó una gran controversia en una situación de "extrema urgencia y complejidad", desveló además la existencia de otros 114 interpuestos ante el propio fondo, ninguno de los cuales ha prosperado.

Con todo, tuvo que llegar el nuevo año judicial para que se activara la vía penal, aquella en la que se dilucidará si los administradores incurrieron en delito con decisiones que perjudicaron a la entidad y por ende, a sus clientes.

En septiembre, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite las querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos y la auditora PwC.

Los fantasmas del caso Bankia sobrevolaron una opinión pública que, aunque desencantada con el sector, todavía se sorprendía de la presunta falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, achacada a los exgestores de una de las entidades con más recorrido.

Dada su complejidad, el magistrado abrió dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado mediante noticias con datos supuestamente falsos para hacer caer las acciones y obtener beneficios.

Unos hechos en los que también figura el que fuera principal accionista individual con un 4,2 % del capital, el mexicano Antonio del Valle, que perdió 550 millones de euros y que denunció ante los tribunales europeos la resolución del banco y su posterior venta.

A comienzos de año, el instructor dio los primeros pasos al requerir información a varios organismos, entre ellos el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE), así como informes de riesgos sobre la entidad realizados por sus competidores desde 2017.

En total, más de 16.000 folios a analizar por los expertos judiciales en un primer peritaje del que dependerán las próximas declaraciones de Ron, Saracho y el resto de querellados.

En mitad de esta vorágine ha tenido cabida la estrategia mercantil a fin de declarar el concurso necesario del Popular, propuesta rechazada en primera instancia por un juzgado de Madrid y que se encuentra pendiente de recurso.

Sin embargo, como sucediera con las preferentes de las antiguas cajas o la salida a Bolsa de Bankia, las demandas por la compra de acciones de la ampliación están siendo la fórmula más rápida para resarcir a los afectados.

Pese a que todavía no son firmes, varios juzgados de España ya se han pronunciado a favor del cliente, no sólo obligando a devolver las cantidades sino considerando probado que el Popular usó información "falseada o irregular" en el folleto, ofreciendo una "notable diferencia" con la situación patrimonial y financiera real.