Gobierno andorrano se querella contra Joan Pau Miquel y 11 directivos de BPA

El gobierno andorrano ha presentado hoy una querella contra el exconsejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel y 11 directivos y altos cargos de la entidad y ha pedido que La Batllia (el juzgado) tome declaración a Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios del banco.

Según informa el gobierno andorrano, la querella se suma a la causa penal por blanqueo de capitales abierta en el caso BPA, que actualmente se encuentra en fase de instrucción y en la que el gobierno andorrano ya se constituyó como actor civil el pasado 26 de mayo.

Desde entonces, los letrados del ejecutivo andorrano han examinado detalladamente el contenido del sumario y han llegado a la conclusión de que las actuaciones delictivas que se imputan a los diversos querellados han dañado seriamente la reputación de Andorra, de su modelo económico y de su plaza financiera.

El gobierno andorrano cree que con esta querella, más allá del interés público en la persecución de estos delitos concretos, "contribuye a defender el interés general de la ciudadanía y de las instituciones" de Andorra.

Según el ejecutivo, del análisis detallado del sumario se desprende que hay "pruebas e indicios de delito de blanqueo agravado" y se considera probado que los querellados eran conocedores de las advertencia de que fue objeto BPA de manera sistemática durante seis años por parte de acreditadas entidades bancarias internacionales.

Pese al riesgo que esto suponía, estas conductas se ven agravadas por la inacción de los querellados a la hora de informar a los organismos competentes.

El gobierno de Andorra también cree que los accionistas mayoritarios de BPA, en tanto que miembros de la mayoría de órganos de decisión y control de la entidad, podían haber sido conocedores de esta operativa, por lo que también pide la declaración de los hermanos Higini y Ramon Cierco.

Más allá de las actuaciones presuntamente delictivas y de la presunta sustitución del negocio bancario por una operativa dolosa de blanqueo, el gobierno andorrano considera que los querellados eran conscientes del riesgo que sus actuaciones representaban para los intereses de los clientes de la entidad, para el resto del sistema financiero, para la economía, las instituciones y la reputación del Principado de Andorra.

Es esta "combinación de actividad delictiva sistemática y de menoscabo de la reputación del país" lo que ha llevado al gobierno de Andorra a formular la querella.

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