Empresa y seguro pagarán 1,2 millones por incendio en montaje granja atunes

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de una empresa y una aseguradora contra la sentencia que las condenó al pago de indemnizaciones de 1,2 millones por los daños producidos por un incendio durante las operaciones de montaje de una granja de atunes en Isla Plana (Cartagena).

El juzgado declaró probado que la primera empresa era responsable de lo ocurrido y condenó a ambas a pagar 600.000 euros a la demandante, Tragsa, a la que aquella deberá además pagar en solitario otros 649.000.

Las demandadas recurrieron alegando que el juez que dictó sentencia había errado al valorar las pruebas aportadas al proceso y hecho una incorrecta aplicación de las reglas de distribución de la carga de la prueba.

Afirma la Audiencia que el incendio se produjo en noviembre de 2013 durante la ejecución de los trabajos de termosellado de tuberías de polietileno que llevaba a cabo la primera empresa, subcontratada por la demandante para la construcción de una piscifactoría para la reproducción del atún rojo.

Al desestimar el recurso, dice que las pruebas tenidas en cuenta, entre ellas, la declaración como testigo de un empleado de la empresa condenada, demuestran que "las labores de termosellado no se ejecutaron correctamente".

"Este operario -añade la sentencia- carecía de la formación necesaria al respecto y de la cualificación profesional requerida para el manejo de la máquina utilizada en el termosellado, y desconocía el significado de los mensajes o advertencias que emitía la máquina durante su funcionamiento, como las relativas a sobrecalentamiento, interrupciones del flujo de corriente, etc.".

La sentencia indica que la causa del incendio fue la existencia de un cortocircuito producido por la combustión de gases y vapores acumulados en el interior de los tubos, derivado de la incorrecta ejecución de los trabajos de termosellado de estos.

El magistrado Carlos Moreno confirma en su integridad la sentencia del juzgado de primera instancia y condena a las recurrentes al pago de las costas generadas con su apelación.

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