Boada (Blackstone España) ve "discriminatoria" la ley de desalojo "exprés"

El máximo responsable en España de Blackstone, Claudio Boada, ha calificado hoy de "discriminatoria" la ley que agilizará el desalojo "exprés" de viviendas ocupadas ilegalmente y de cuya protección quedan excluidas las propiedades tanto de la banca como de los fondos de inversión.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, ha reprochado que las medidas, aprobadas el pasado 6 de junio por el Senado, "mejoren la situación" únicamente de pequeños propietarios, oenegés y sociedades públicas pues "al vecino del okupa le da igual que la vivienda sea de un particular o de un fondo".

En la sesión de la comisión también ha comparecido el que fuera director General de Tinsa Tasaciones Inmobiliarias, Luis Leirado Campo, que ha asegurado que si no fuera por las valoraciones y tasaciones que realizaban, así se lo decían "altos cargos del Estado", la crisis inmobiliaria "hubiese sido mucho peor".

Leirado Campo ha afirmado que no tenía información para "asegurar" que las tasaciones que hacían sobre activos inmobiliarios eran "excesivas" y ha destacado que la metodología que usaban antes de la crisis para las valoraciones sigue siendo "prácticamente la misma" en la actualidad e, incluso, "exportada al extranjero".

Por su parte, Claudio Boada ha defendido la gestión de los pisos sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) adquiridos por la filial española de Blackstone, Fidere, la cual "no tiene ningún interés" en desahuciar cuando se produce impago pues su labor "es negociar con los inquilinos todos los días que haga falta".

Según ha expresado, "la toma por la vía judicial es la última de las opciones", y ha asegurado haber negociado "con más de 1.000" afectados para actualizar las deudas "mediante plazos y sin cargar intereses" con el objetivo de mantener "los edificios habitados".

Ante las críticas del diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral, ha sostenido que el fondo dispone de un protocolo "para detectar la vulnerabilidad" que contempla, además de la dación en pago, la condonación de la deuda remanente, la oferta de más de 1.700 alquileres sociales "a un 35 % por debajo del precio del mercado", ayudas para el realojo y programas de reinserción laboral.

El que fuera presidente del Círculo de Empresarios, que ha descartado la entrada de Blackstone en la vivienda turística, ha atribuido la subida de los precios del alquiler a la "escasez de oferta y el aumento de la movilidad social", pero también al atractivo del país como receptor de estudiantes internacionales y el crecimiento de las plataformas en este sector.

Para Leirado Campo, también expresidente de la Asociación Profesional de Sociedades de Tasación (ATASA), una cuestión que se debería "haber tratado más", era la "pedagogía" que se hizo con la población para que la decisión "más importante de su vida", comprarse una casa, no fuese tomada "tan a la ligera".

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