Abogado caso Aziz: vivienda no es derecho fundamental por interés económico

El abogado del caso Aziz, Dionisio Moreno, que consiguió que Europa tumbara la Ley de Ejecución Hipotecaria española, ha dicho hoy en el Congreso que no se reconoce la vivienda como derecho fundamental porque no se podría negociar "tan libremente" con uno de los principales "motores del país".

En la comisión parlamentaria que investiga los motivos de la crisis, Moreno ha insistido en la "completa ignorancia" de la ciudadanía respecto de sus derechos y ha aseverado que corresponde a los poderes públicos promover una cultura del consumo de la que participen los usuarios y que resulte capaz de consolidar la sociedad del bienestar.

"El negocio de la vivienda era tan inmenso, el cuento de la lechera tan imaginario, que las inmobiliarias creían poder hacer el negocio de los bancos y así nos ha ido", ha indicado el abogado, que ha afeado que estos "pelotazos formen parte de la cultura popular" y ha señalado a las entidades financieras por fomentar dicha práctica "porque así se movía el dinero".

De este modo, ha relatado cómo España pasó de tener "el 80 % de la población con contrato de alquiler a un 80 % ya como propietaria", un fenómeno que ha atribuido a las facilidades para acceder a líneas de crédito.

Además ha recordado que las propias administraciones incentivaban el negocio de la compraventa, si bien todo se basaba en las condiciones firmadas por unos clientes que "pagaban porque en ese momento tenían empleo" y que acto seguido "metían los contratos en un cajón" sin leerlos.

Aspectos que propiciaron la concesión de "hipotecas temerarias" y con ello, la aparición de la burbuja inmobiliaria, a partir de unos préstamos que "deberían haber sido controlados por las instituciones, como el Banco de España" a fin de evitar impagos en los años de una crisis de la que "sólo se conocen las consecuencias".

Moreno se ha referido a la sentencia del caso Aziz, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en marzo de 2013, que declaró abusivas las cláusulas hipotecarias españolas, lo que obligó al Gobierno a reforzar la protección a los deudores.

Hasta entonces, ha dicho, se desprotegía al consumidor ejecutado, el cual no disponía de una vía alternativa a la judicial en la que oponerse al embargo para la venta de su vivienda.

En este sentido, ha cargado contra una normativa que "favorece al prestamista" frente a los usuarios, afectados por un "elevado coste social" y su "muerte civil", y ha pedido que se ponga fin a la judicialización de problemas que "podrían solucionarse de otras maneras".