Hacienda se hace con las finanzas de la Generalitat

Vigilar las cuentas de la Generalitat de Cataluña ha sido una de las principales obsesiones del Gobierno central desde que comenzó el desafío independentista. Por eso desde el Ministerio de Hacienda se han dado diversos pasos en los últimos meses para asegurarse que los recursos procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o de las entregas a cuenta del sistema de financiación no se desviaran para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre o sufragaran otros fines secesionistas. Unas medidas que permitieron al departamento que dirige Cristóbal Montoro controlar el 80% de los ingresos de la Generalitat. Ahora, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Hacienda tomará todas las riendas económicas del gobierno catalán. Esto significa el control absoluto sobre los ingresos y los gastos de la comunidad autónoma.

Esa es la teoría que este lunes empezará a ponerse en práctica con la incógnita de cómo reaccionarán los miembros del Govern y los altos cargos cesados. Asimismo, será el día en que el Gobierno central comprobará cuántos de los 200.000 funcionarios de la Generalitat siguen sus directrices y cuáles las rechazan bajo el riesgo de sanciones de empleo y sueldo. Eso sin tener en cuenta posibles protestas en la calle.

Precisamente, el Ejecutivo sabe que uno de los pilares básicos para hacer viable el artículo 155 está en el control de las finanzas públicas de la Generalitat. Así consta en una de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE): «Se habilita al gobierno de la nación a ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria». Asimismo, se establece que cualquier decisión debe tomarse «en beneficio del interés general, garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera». Para ello, el departamento que dirige Cristóbal Montoro asume la mayor parte de las competencias de la consejería de Economía y Hacienda del depuesto Oriol Junqueras.

En cualquier caso, la intención de Hacienda es efectuar un control administrativo que no implique ninguna toma de decisión relevante a la espera de que se constituya un nuevo Gobierno autonómico tras las elecciones del 21 de diciembre. Por tanto, el principal cometido será controlar que ningún recurso público se desvía para fines independentistas. Hasta ahora ya retenían alrededor de 1.400 millones procedentes del sistema de financiación que sólo desembolsaban con la debida justificación vía factura avalada por la interventora de la Generalitat.

Sin embargo, ahora Hacienda también controlará los tributos propios y cedidos, que suponen cerca de 3.200 millones anuales (unos 260 millones mensuales). Se trata de los ingresos procedentes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre el Patrimonio, además de una serie de tasas autonómicas.

Organismos públicos

Asimismo, también quedarán bajo la supervisión de Hacienda los más de 500 organismos públicos (consorcios, fundaciones o sociedades mercantiles) dependientes de la Generalitat. Entre ellos se encuentra uno de los más polémicos: la Agencia Tributaria de Cataluña. Sin embargo, el Gobierno no tiene intención de suprimir esta institución que los partidos independentistas querían convertir en el embrión de una futura Hacienda catalana. El organismo contaba con 700 empleados en septiembre que no podrían ser sustituidos por funcionarios de la Agencia Tributaria Estatal por falta de personal. Por tanto, Montoro se limitará a supervisar el funcionamiento de este organismo en la recaudación de los impuestos propios.

Eso sí, Hacienda pondrá fin al plan del gobierno de Carles Puigdemont de que los impuestos estatales (IVA, IRPF o Sociedades) se pagaran a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. Algo que habían empezado a hacer alrededor de 150 empresas públicas dependientes de la Generalitat y que pretendían extender también a contribuyentes privados. De hecho, algunas empresas recibieron una carta animando a pagar sus impuestos a través del organismo tributario catalán. Unas prácticas que bajo la nueva tutela del Ministerio de Hacienda serán suprimidas.