Grecia y sus acreedores interrumpen la negociación hasta después de la reunión del FMI

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Grecia y sus acreedores han interrumpido las negociaciones sobre la evaluación del tercer rescate para poder viajar a la reunión primaveral del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Después de todas estas discusiones, se decidió hoy que vamos a hacer una pausa para ir todos a Washington", dijo el ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, esta madrugada tras una última sesión de más de seis horas de negociación.

Según Tsakalotos, Grecia y la cuadriga formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el FMI, están de acuerdo en que "ha habido un progreso de cara a poder lograr un paquete mutuamente aceptable y poder cerrar el acuerdo".

La cuadriga acordó regresar a Atenas inmediatamente después de que termine la reunión de Washington, es decir, el próximo lunes, con el fin de poder llegar a un acuerdo a nivel técnico antes de la reunión del Eurogrupo del próximo 22 de abril, añadió el ministro.

Tsakalotos aseguró que hubo avances en muchas cuestiones, pero que todavía quedan otros muchos detalles que resolver por falta de tiempo.

Uno de los puntos en los que hubo avances pero no un acuerdo final ha sido, según los medios locales, el del nivel de recortes que se aplicará a las pensiones suplementarias, que constituyen una crucial fuente de ingresos de los jubilados.

Grecia se ha comprometido a medidas de ahorro y de incremento de impuestos por un valor total de 5.500 millones de euros con el fin de lograr un superávit primario del 3,5 % del producto interior bruto (PIB) en 2018.

El Ejecutivo griego prevé ahorrar por la reforma de las pensiones 1.800 millones de euros; generar ingresos por valor de 1.800 millones a través del incremento de los impuestos directos y otro tanto por el aumento de los impuestos indirectos.

EL FMI había puesto en duda la efectividad de algunas de estas medidas.

Otra cuestión en la que había desacuerdo en los últimos días era la gestión de la elevada cartera de deudas morosas de la banca privada y su venta a los denominados fondos buitre.

Mientras que el Gobierno quiere proteger de la venta a las hipotecas, los préstamos a las pymes y los préstamos de consumo, los acreedores exigen que estos fondos puedan adquirir todo tipo de deudas sin excepciones.

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