Alta tensión por la pobreza energética

La recuperación económica no ha llegado a los millones de ciudadanos que encuentran serias dificultades para abonar sus recibos de la luz. La llegada del frío invernal anticipaba nuevos casos de penuria energética en muchos de esos hogares. Pero lo que en la época estival es solo un problema latente ha resurgido esta semana otoñal con el peor de los desenlaces posibles: el fallecimiento de una anciana de 81 años en Reus (Tarragona) por asfixia, tras el incendio provocado por el uso de velas para iluminarse. Gas Natural le había cortado el suministro porque no pagaba sus facturas.

El óbito ha resucitado la necesidad de que la administración actúe para evitar este tipo de desgracias de calado social pero con un importante trasfondo económico. Ocho años después de que comenzara la crisis, España sigue sin contar con una normativa que regule el apoyo con el que pueden contar las familias vulnerables; los protocolos de actuación de las compañías cuando se encuentren ante este tipo de impagos; o la financiación de los ayuntamientos para dar protección.

Las tres grandes firmas del sector energético han venido acordando una serie de convenios con diferentes instituciones para contener un clima de tensión que ha calado entre toda la población contra ellas. Actualmente, se encuentran en vigor 251 pactos de este tipo. La corporación con más acuerdos en su mesa es Endesa (157). Cataluña es la comunidad autónoma donde más pactos ha firmado (37), seguida por Baleares (31), Canarias (25), Andalucía y Badajoz (51), así como en Aragón (siete) y otros a nivel autonómico en Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Cantabria.

En el caso de Gas Natural Fenosa, se ha centrado en el área metropolitana de Barcelona, con 36 convenios en diversos municipios; también cuenta con ellos en otras siete urbes (Zaragoza, La Coruña, Castellón, Sevilla, Logroño, Almassora y Villagarcía de Arosa), y ultima más en Baleares y Aragón. Por su parte, Iberdrola ha firmado 44 convenios con administraciones, ONG y asociaciones que cubren al 99% de sus clientes residenciales.

Con todos estos acuerdos, el número de hogares que se encuentran cubiertos por los convenios que les permiten sufragar sus facturas con ayudas públicas llegan a 64.100 en toda España. La cifra se encuentra alejada de otras como las de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), cuyo último estudio sostiene que 4,2 millones de personas -1,6 millones de hogares- acumula retrasos al abonar sus recibos; o que un 15% de las casas -6,2 millones de ciudadanos- destinan más del 10% de sus ingresos a sufragar la luz.

En cualquiera de los casos, se trata de grandes estimaciones, análisis o estudios que, aunque perfectamente documentados, no aciertan a oficializar quiénes son los ciudadanos energéticamente vulnerables o cuáles son los colectivos de población en situación de pobreza, para ayudarles desde el Estado.

El último informe de Economics for Energy referido al año 2014 ya instaba a la necesidad de que la legislación «defina el concepto de forma lo suficientemente amplia como para recoger la especificidad de la misma sin dejar de tener presente que no es un fenómeno aislado, siguiendo la senda de otros países».

De 360 a 1.900 millones

Desde organizaciones como ésta proponen un sistema en el que, una vez acotados los ciudadanos en riesgo por parte del Estado, se les dote de una especie de cheque para que puedan pagar el consumo básico mensual que necesiten. «Así garantizas que estas personas tienen la energía imprescindible para vivir», indica Pedro Linares, profesor de ICADE y miembro de la asociación. «En el caso extremo de que a todos los hogares en riesgo de exclusión se les pagase su consumo de luz, estaríamos hablando de unos 1.900 millones al año», apunta.

Frente a ese cálculo, existen otras ideas para que se ayude con capital público y privado a los españoles que se encuentran ante estos problemas. Por ejemplo, Endesa ha propuesto la creación de tres fondos: uno para modificar el actual bono social y vincularlo a las rentas; otro para cubrir a los clientes en situación de pobreza energética; y un tercero de eficiencia. Supondrían un desembolso de 360 millones.

Porque, por ahora, la situación en la que se encuentra este problema es «desconcertante», según indica Linares, quien expone que casos como el de la tragedia de Reus «demuestran que lo que hay es un desbarajuste» normativo.

Existe una directiva europea del año 2009 que pide identificar a los consumidores energéticos vulnerables, «pero el Gobierno español aún no lo ha hecho», indica Linares. Ante la parálisis del Estado, que ostenta las competencias de energía en exclusiva, y a raíz de los problemas que han brotado en buena parte de la población, las eléctricas, los ayuntamientos y algunas comunidades autónomas vienen actuando desde hace tiempo por su cuenta ante la falta de iniciativa del Ejecutivo.

Actuaciones muy dispares

Mediante estos convenios, se protege a los clientes que potencialmente pudieran verse afectados en algún momento por una situación de vulnerabilidad. De esta forma, si existiera algún problema de impago por tratarse de familias sin rentas suficientes, las eléctricas se comprometen a no cortar el suministro, mientras que los consistorios gestionan el pago de la deuda.

El problema es que «una empresa firma esos acuerdos con unos ayuntamientos sí, pero con otros no», explica Pedro Linares. Porque las compañías no pueden llegar a pactos con todos y cada uno de los más de 8.000 municipios del país. Y si lo hicieran «en cada caso se establecerían unas condiciones diferentes, como ya ocurre con los que se encuentran en vigor», afirma.

El marasmo de normas, textos consensuados y acuerdos aprobados es tal que en casos específicos como el de Reus se ha producido la tragedia mortal. La Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente sancionador a Gas Natural, que podría acabar en una multa de hasta un millón de euros. Y a su vez la corporación ha instado, de la mano de su consejero delegado, Rafael Villaseca, a que la ley de pobreza energética catalana «se tiene que reglamentar» para especificar cómo se deben coordinar estas actuaciones.

Cataluña es una de las pocas comunidades que ha desarrollado una norma específica para solucionar este problema. «Está claro que el Gobierno no ha hecho absolutamente nada», indica José Luis López, coordinador de proyectos en Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). «Pero a Cataluña sí hay que reconocérselo», afirma.

También en Aragón, el pasado día 3, las Cortes aprobaron la Ley de Reducción de la Pobreza Energética, con ayudas para los hogares con ingresos inferiores a 1.065 euros. Murcia cuenta con su propia ley autonómica, desde el mes de junio. Y en el resto de comunidades se suceden algunas iniciativas, pero que no tienen rango de ley.

A pesar de la existencia de esta normativa territorial, no existe un protocolo desarrollado para saber por dónde actuar. «Está claro que con estos convenios se soluciona la gestión para que se amplíe el plazo para que no se corte la luz a un inmueble», explica José Luis López. «Pero no son la panacea y los fondos de los ayuntamientos tampoco darán para mucho más», anticipa.

Sin soluciones al frente

En cualquier caso, el Gobierno parece decidido a no actuar. El nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, aclaraba esta semana que la tragedia de Reus es solo un caso de normativas de servicios sociales, derivando cualquier responsabilidad a las competencias autonómicas o, en su caso, municipales. El pacto de investidura entre PP y Ciudadanos apenas hace mención a la necesidad de «impulsar la creación de fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión, en colaboración con comunidades y entes locales y empresas y sociedad». Así como «reforzar el bono social» que ahora se encuentra en vigor.

Sin embargo, casi nadie en el sector aboga por mantener esta rebaja del 25% en la parte del consumo de la que disfrutan 2,4 millones de hogares. Porque del bono social se benefician ciudadanos tanto con rentas altas como bajas, y por las dificultades de financiación, después de que el Supremo anulara ese sistema y obligara al Gobierno a devolver hasta 500 millones a las eléctricas.

Con esta última patata caliente en la mesa, el Ejecutivo aún no ha tomado ninguna decisión de calado para solucionar el problema de la pobreza. Mientras, tanto las compañías como los municipios siguen esperando a que Energía actúe para evitar nuevos casos de una pobreza eléctrica que, a veces, resulta agónica.