La ley estatal por el derecho a la vivienda puede ser declarada inconstitucional por invadir competencias de las comunidades autónomas y alterar el contenido del derecho de propiedad
El Gobierno permite a los propietarios particulares negociar con sus inquilinos el precio del alquiler por encima del 2%, mientras que los grandes fondos deben aplicar el límite
La ley del alquiler aplicada por la Generalitat incrementa los precios de las rentas un 12% en Barcelona y reduce la oferta de viviendas. El TC la declara inconstitucional