Un exalcalde del PSC niega que permitiera a la trama Pretoria
El antiguo alcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartolomé Muñoz, del Partido Socialista Catalán (PSC), ha negado este martes que[…]
El antiguo alcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartolomé Muñoz, del Partido Socialista Catalán (PSC), ha negado este martes que el líder de la trama corrupta juzgada en el caso Pretoria dirigiera los asuntos del consistorio. «El ayuntamiento solo lo dirigen el acalde y el pleno formado por sus concejales. Nadie más. En aquella época y espero que en todas», ha respondido Muñoz a las preguntas de la fiscal, que considera que el acusado Luis Andrés García Sáez, apodado como «Luigi», dirigió en la práctica el ayuntamiento y corrompió sus actividades urbanísticas.
En el primer interrogatorio de la vista oral, que comenzó con retraso por problemas técnicos con el sistema de grabaciones de la Audiencia Nacional, Bartolomé Muñoz ha negado todas las acusaciones que pesan sobre él: ha asegurado que nunca manipuló ninguna adjudicación pública ni permitió ningún beneficio «a costa del ayuntamiento» a su favor o de personas de su entorno.
La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años y diez meses de prisión para el antiguo alcalde socialista, que fue concejal de Santa Coloma de Gramanet desde 1983, a quien acusa de permitir que el capo de la trama «marcara las directrices y pautas de ejecución» del plan urbanístico conocido como Operación Pallaresa, que consistió en la venta de tres parcelas que ocupaban 13.000 metros cuadrados para su cesión para la creación de un centro terciario y residencial, que pretendía incluir una zona comercial, un hotel y cuarenta viviendas de protección oficial.
El Ministerio Público considera que la actuación de Bartolomé Muñoz fue «esencial» para que la corrupción triunfase en esta operación, que favoreció a la empresa de otro de los acusados en el juicio: el constructor José Singla. Según Anticorrupción, el alcalde, el concejal de urbanismo Manuel Dobarco y «Luigi», antiguo diputado autonómico del PSC, manipularon con sus actuaciones el concurso público para beneficiar a una empresa, a cambio de lo que recibieron comisiones ilícitas. El antiguo alcalde cobró por este rol delictivo 1,72 millones de euros, así como un ático contiguo a su domicilio habitual, explica la fiscal.
El acusado ha insistido en su declaración que él no se encargó «de nada» relacionado con esta operación urbanística, que fue aprobada en un momento previo a su llegada a la alcaldía del municipio. Muñoz ha justificado su firma en la escritura pública que transfirió las parcela y su voto favorable a la operación en que se fío de «los informes del secretario y los interventores», los técnicos. «Desconocía completamente el proyecto», ha llegado a afirmar el acusado.
En este juicio están también acusados los antiguos altos cargos de la Generalitat de Jordi Pujol Lluis Prenefeta y Macià Alavedra, dos clásicos de la vieja guardia del «expresident». El Ministerio Público les acusa de presionar a cargos públicos de los ayuntamientos de San Andrés de Llavaneras y Badalona para favorecer a empresas de la trama investigada y de cobrar a cambio comisiones ilícitas que blanquearon. La Fiscalía ha ofrecido a Alavedra rebajar su petición de pena (de seis años y diez meses de cárcel) si reconoce los hechos y paga una multa superior a 10 millones. La trama operó entre 2001 y 2009.
