Montoro «inmoviliza» 233 millones de Carmena por incumplir la regla de gasto
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas envió ayer un requerimiento al Ayuntamiento de Madrid para que inmovilice 233 millones,[…]
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas envió ayer un requerimiento al Ayuntamiento de Madrid para que inmovilice 233 millones, que es la cantidad en la que la Corporación municipal se excedió del límite marcado por la regla de gasto durante el ejercicio 2016. Este mecanismo, basado en Ley de Estabilidad Presupuestaria, sirve para garantizar que las Administraciones no disparen su deuda. Se calcula a través de un coeficiente que determina el Ministerio conforme a la evolución de la economía española; por eso, es el departamento de Cristóbal Montoro quien tiene la última palabra.
Según confirmaron a ABC fuentes de Hacienda, el Consistorio dispone de quince días naturales, es decir, hasta el 20 de abril, para llevar a cabo esta exigencia. Durante este plazo, el Ayuntamiento debe, en primer lugar, acordar en la Junta de Gobierno, que se celebra todos los jueves (previsiblemente, en la de hoy), esta no disponibilidad de crédito. A continuación, tendrán que convocar un pleno extraordinario urgente, para que, antes de la fecha marcada, se debata y se apruebe este recorte del gasto en las cuentas municipales.
Hacienda todavía no se ha pronunciado sobre otro de los requisitos: el
Plan Económico Financiero (PEF) de la ciudad de Madrid para 2017 y 2018. El PEF es un conjunto de medidas que se entrega al Ministerio para garantizar que la administración incumplidora va a consumar los objetivos de estabilidad presupuestaria en el curso actual y en el siguiente. Por ahora, el gabinete de Montoro no ha emitido una respuesta oficial, aunque lo hará, según indican las mismas fuentes, «en los próximos días».
Como el Consistorio quebrantó el objetivo de deuda pública en 2016, tuvo que redactar este programa, en el que indica cómo corregirá el exceso en las cuentas. Sin embargo, todo apunta a que el dictamen será desfavorable, puesto que el Consistorio cerró el pasado ejercicio económico con un crecimiento del gasto mayor que el del año anterior.
Reinterpretación de la norma
El Ayuntamiento se escuda en que el exceso en la regla de gasto viene condicionado, entre otras cosas, por los 428 millones lo que dejó de percibir de otras administraciones por competencias estatales que asume con recursos propios. El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, también justificó el aumento de la deuda por los 101 millones de gastos derivados de la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales firmes que, según recalcó, «son consecuencia de la gestión de gobiernos anteriores». Los socialistas reclaman, al igual que Ahora Madrid, un cálculo alternativo para medir el cumplimiento de la regla de gasto.
Sin embargo, para el edil de Cs Miguel Ángel Redondo este incumplimiento es «premeditado» y «persigue intereses partidistas». «Este PEF es un brindis al sol. Lo podría haber evitado si no hubiera hecho compras de suelo y edificios por más de 200 millones de euros», criticó el concejal en la comisión del ramo en referencia a la adquisición de la sede de la concejalía de Economía y Hacienda en la calle de Alcalá, 45.
Los argumentos del edil de Ahora Madrid tampoco contentaron al portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, que los consideró «una tomadura de pelo». El edil popular apodó al delegado de ser el «amortizador» y el «recortador» y le acusó de caer en la «insumisión fiscal». Ambos grupos de la oposición dieron ya por muerto el PEF tras su aprobación en el pasado Pleno, ya que consideran que Montoro volverá a rechazarlo, al igual que el del año pasado. Entonces, Hacienda consideró que el Ayuntamiento «no implementó las medidas solicitadas tendentes a la consecución de las reglas fiscales».
Precisamente, por hacer caso omiso de los requerimientos de Hacienda en 2016, el Ayuntamiento tuvo que aprobar l?a inmovilización de crédito por valor de 17 millones, por superar de nuevo el límite marcado por Montoro en 2015. En aquel momento, el Pleno aprobó ese recorte de 17 millones, con los votos a favor de PSOE y Cs, y la abstención del PP.
