Máxima prudencia en el Gobierno tras los 'pasos en falso' de los secesionistas
Si al enemigo que huye hay que ponerle puente de plata, al adversario que se equivoca lo mejor es dejarle[…]
Si al enemigo que huye hay que ponerle puente de plata, al adversario que se equivoca lo mejor es dejarle hacer. El Gobierno ha visto en pocos días cómo los independentistas han sufrido un revés de su propio Consejo de Garantías Estatutarias, han aprobado una reforma en el Parlamento que les quita la careta y han dejado al descubierto la carrera electoral, mientras el caso Palau desvela los trapos más sucios de Convergencia. En esta situación, en La Moncloa se mueven con «máxima prudencia» a la hora de hablar ahora mismo de medidas coercitivas, como la del artículo 155, una posibilidad que sigue estando ahí y que el Gobierno no ha descartado en absoluto.
El plan de acción del Gobierno de Rajoy, en caso de que los independentistas convoquen un referéndum de independencia y desobedezcan la eventual prohibición del Tribunal Constitucional, está perfectamente diseñado. En La Moncloa se han analizado todos los momentos posibles para actuar, la manera de hacerlo y las consecuencias que podria tener. No se escapa ningún detalle. Pero el Gobierno es consciente de que la sola mención del 155, el artículo de la Constitución que permite al Ejecutivo asumir de manera temporal competencias de una Comunidad, da munición victimista a los independentistas.
En las últimas semanas se ha rebajado el tono, y en el Gobierno nadie quiere hablar públicamente de un artículo que no se ha aplicado nunca en la democracia española, pero que está plenamente vigente en la Constitución para aquellos casos en que una Comunidad no cumpla con sus obligaciones legales o atente contra los intereses generales de España. La última vez que se advirtió de la posibilidad de precintar colegios en el caso de que se convoque un referéndum ilegal, los independentistas rápidamente lo magnificaron y acusaron al Gobierno de querer llevar «los tanques» a Cataluña. Es un discurso que da oxígeno a esos partidos, necesitados de dosis recurrentes de victimismo, y desde el Ejecutivo se miden las palabras y se evita dar cualquier detalle, para no alentarlo, mientras considere que no hay un motivo para actuar y pasar a los hechos.
De momento, el Gobierno observa cómo tropiezan los independentistas por sí solos. En La Moncloa consideran que la decisión de uno de sus órganos propios, el Consell de Garanties Estatutàries, una especie de Tribunal Constitucional autonómico, de declarar inconstitucional la disposición de los Presupuestos autonómicos destinada a la celebración del referéndum ha abierto un boquete en el discurso secesionista. Ya no es el Gobierno de la Nación, no es Madrid ni es el PP los que frenan el referéndum independentista. Es un órgano creado por ellos mismos, una institución propia, el que advierte de que están vulnerando la ley y van por el mal camino. Su discurso se viene abajo.
Por si fuera poco, los independentistas han dado otro paso en falso, según lo ve el Gobierno, al aprobar una reforma del reglamento del Parlamento autonómico catalán para poder aprobar las leyes de «desconexión», o de secesión, de forma exprés. Se trata de un atajo para eludir el debate, la confrontación de ideas e imponer así a las bravas unas leyes sin la tramitación ordinaria. En medio de la confusión que hay ahora mismo en Cataluña, resulta que los independentistas, autoproclamados defensores de las esencias democráticas, dan una patada al debate democrático en el Parlamento. En La Moncloa no salen de su asombro por esta «enorme torpeza», que les deja al descubierto ante la sociedad catalana. «El romanticismo democrático de los que querían poner las urnas a toda costa se ha terminado de golpe, y se ha visto que quieren hacer su proceso a marcha martillo. Se han dado un tiro en el pie», comentan en el entorno de Presidencia.
En esta situación, el Gobierno está observando los pasos que dan los secesionistas, mientras sigue enviando guiños a la sociedad catalana. El último lo envió Rajoy este viernes en Bruselas, cuando dio su apoyo «total y absoluto» a Barcelona como candidata a acoger la Agencia Europea del Medicamento. Una semana antes, el Gobierno aprobó el reparto del Fondo de Liquidez Autonómico, 12.000 millones de euros, de los que un tercio irán a parar a Cataluña.
¿Cuándo podría actuar el Ejecutivo y aplicar, en su caso, el artículo 155? Ese es el «nudo gordiano». El Gobierno tiene estudiados todos los procedimientos y los momentos. En principio, una circunstancia en la que actuaría, porque así lo reconocieron desde La Moncloa, es ante la celebración del referéndum pese a la prohibición del TC. Rajoy está dispuesto a impedirlo, y aunque no se diga en público se tomarían las medidas adecuadas para evitar que se abrieran «colegios electorales».
El primer paso es constatar que una Comunidad, en este caso Cataluña, no cumple con las obligaciones de la Constitución o atenta contra el interés general. El presidente del Gobierno haría un requerimiento al presidente autonómico para que cambiara de actitud. En caso de no ser atendido, el Ejecutivo necesitaría el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, algo que lograría sin problema solo con los votos del PP, aunque espera contar sobre todo con el PSOE y Ciudadanos. Rajoy antes hablaría con los líderes de los partidos y no solo les informaría de los pasos, sino que les pediría su respaldo. Una vez lograda la mayoría en el Senado, como Cámara de representación territorial, el Gobierno podría actuar para obligar a esa Comunidad al cumplimiento «forzoso» de las obligaciones legales.
¿Hasta dónde puede llegar esa actuación? La Constitución no da detalles, pero se entiende que sería una recuperación de competencias de forma temporal, para imponer el cumplimiento de la ley. Y en ningún caso puede entenderse como una «suspensión» total de la autonomía. El Gobierno podría hacerse cargo de las competencias de Educación e Interior, e incluso de Justicia, para impedir por un lado que se recurriera a los centros educativos para la celebración del referéndum, y por otro para evitar que se utilice la Policía Autonómica para esos fines.
