Los letrados del Congreso defienden el veto a leyes si no es «arbitrario»

El informe de los letrados del Congreso sobre la capacidad de la Mesa de la Cámara para rechazar los vetos del Gobierno por razones presupuestarias otorga, efectivamente, esta capacidad al máximo órgano de dirección del Parlamento. Pero solo cuando el Ejecutivo haya actuado de manera arbitraria, irresponsable o no suficientemente justificada. Gobierno y PSOE están interpretando esta conclusión de acuerdo a sus respectivos, y contrarios intereses.

Esta conclusión abre, según fuentes de los distintos grupos parlamentarios, una nueva incógnita: ¿Qué puede considerarse arbitrario? Para el PP la interpretación es claramente a favor de sus intereses: aquellos vetos que exceden las razones presupuestarias previstas en la Constitución y el Reglamento del Congreso no tienen cabida. No entraría en esta categoría, por tanto, ninguno de los 16 vetos decretados por Moncloa durante esta legislatura recién iniciada.

Para el PSOE, sin embargo, el informe de los letrados avala la capacidad de la Mesa para decidir qué veto se adopta por razones verdaderamente presupuestarias y en qué otro el Ejecutivo utiliza este argumento para rechazar una iniciativa de la oposición sin que, de fondo, exista un componente presupuestario.

El veto a la paralización de la LOMCE promovida por la oposición entraría de lleno en esta última categoría, subrayan. En este caso, el Gobierno argumentó la pérdida de unos 600 millones de euros en fondos europeos que, cree el PSOE, no es realista ya que no existen precedentes que avalen esta suposición.

Obligación de justificar

La polémica, por tanto, está servida y las distintas interpretaciones de Gobierno y PSOE abonan el campo para que este litigio se convierta en un nuevo conflicto de atribuciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el segundo en la historia de la democracia. El informe de los letrados, en todo caso, subraya que si la Mesa no acata un veto del Ejecutivo está obligada a justificar sus razones.

Todo dependerá de las distintas posiciones que los grupos adopten en la reunión de la Mesa del Congreso ya que este órgano es soberano en sus decisiones y el informe de los letrados no es vinculante.

La Mesa tiene previsto examinar las conclusiones de los servicios jurídicos de la Cámara y, de existir un acuerdo, adoptar una decisión sobre los catorce vetos decretados por el Gobierno sobre iniciativas de la oposición.

El PP no tiene mayoría en la Mesa y el PSOE ya demostró ayer que está dispuesto a llegar hasta el final en este contencioso al presentar ante el Registro un escrito de protesta ante el último veto del Gobierno, referente a la subida de las pensiones para el año que viene.

Podemos se alineaba ayer con las tesis socialistas mientras Ciudadanos, que puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado, se muestra más favorable a reclamar la capacidad de la Mesa para evaluar si un veto del Gobierno responde a razones estrictamente presupuestarias.

Moncloa, del otro lado, sigue advirtiendo de que no dudará en presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constituciona l, si no se respeta su capacidad constitucional para velar por el cumplimiento del Presupuesto en curso.

Los populares mantuvieron ayer conversaciones con los otros grupos para intentar posibilitar hoy un acuerdo. Advirtieron que si el litigio acaba en el TC, muy probablemente quedará resuelto antes de que llegue a convertirse en ley la primera iniciativa vetada y que, por tanto, esta estrategia podría volvérsele en contra.

La Mesa también podría decidir hoy su respuesta al Gobierno por la reconsideración que éste le pidió sobre la tramitación de la paralización de la LOMCE y la modificación de las condiciones de trabajo de los empleados subcontratados, previamente vetadas por razones presupuestarias. La Mesa dispone de plazo hasta el 21 de diciembre para responder al Gobierno, pero los trabajos están muy avanzados y podría decidir hoy.

Pastor pide diálogo

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, fue ayer la primera de revelar que el informe de los letrados no cambia las posiciones más antagónicas.

Y tras haber estudiado el mismo en profundidad mantuvo con firmeza el criterio de que el Gobierno tiene potestad para vetar cualquier iniciativa de la oposición que suponga una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos tal y como recoge la Carta Magna. Pero abogó una vez más por la permanente necesidad de diálogo y entendimiento a lo largo de la legislatura.

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