La justicia europea multa a España con 12 millones por tratar mal sus aguas residuales
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenadon a España a una multa millonaria por tardar en adecuar[…]
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenadon a España a una multa millonaria por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en distintos municipios del país.
Los jueces europeos han condenado a España a «abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso», según un comunicado del Tribunal.
La Comisión Europea, que pedía 46 millones, interpuso su segunda denuncia sobre esta materia en noviembre de 2016. La primera denuncia contra España data de 2008 y se saldó con otra condena, aunque en aquella ocasión sin sanción económica.
En concreto, el último escrito del ejecutivo comunitario denunciaba a 17 municipios, la mayoría en Andalucía (8), aunque también incluía a Asturias (1), Galicia (3), Comunidad Valenciana (3) e islas Canarias (2), aunque desde entonces algunos han tomado medidas. No obstante, y aunque las competencias en materia de depuración y saneamiento de aguas
están en manos de los municipios, la multa se impondrá al conjunto del Estado. La Comisión solicitaba una multa de 46,5 millones de euros y una sanción diaria de 171.000 euros por cada día de incumplimiento desde la nueva fecha.
Las aguas residuales no tratadas pueden representar un riesgo para la salud pública, al quedar contaminadas por bacterias y virus nocivos. Además, contienen nutrientes, como nitrógeno y fósforo, que suponen una amenaza para el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas. Por ello, la Directiva de Aguas europea establece que los Estados miembros deben garantizar que ciudades y urbanizaciones de más de 15.000 habitantes recojan y traten correctamente sus aguas residuales urbanas.
La sanción llega ahora por reincidencia. En 2011 la justicia europea ya dictaminó que España vulneraba la Directiva en 37 municipios y se fijó como nuevo plazo 2015 para regularizar la situación. Pasada esta fecha, la Comisión consideró que 17 municipios seguían incumpliendo la norma, por lo que retomó las medidas de presión.
En la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ya contempló la llegada de una multa a España por los «deficientes y preocupantes» niveles de depuración de aguas residuales. «Es un panorama enormemente preocupante. Nos enfrenta desde ya mismo a la imposición de multas millonarias coercitivas que no nos podemos permitir, a la amenaza de devolución de ayudas ya concedidas e invertidas y al bloqueo al acceso a determinadas líneas de financiación comunitarias», avanzó. Según dijo, el siguiente paso es un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua.
