La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros nueve años para las conselleras Irene Rigau y Joana Ortega, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta soberanista del 9N.
En su escrito de calificaciones, el ministerio público acusa a Mas, Rigau y Ortega de los delitos de desobediencia y prevaricación. Por contra, no les acusa del delito de malversación de fondos públicos, el único de los tres que acarrea penas de cárcel.
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