Estupor en el Poder Judicial por el abandono al juez Llarena

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de no defender al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en Bélgica frente al ataque de los independentistas ha caído como un jarro de agua fría en el Poder Judicial, que no entiende la línea divisoria que ha establecido el Gobierno entre la defensa de la soberanía jurisdiccional española y las manifestaciones «de carácter privado» llevadas a cabo por el instructor de la causa del 1-O. Tanto es así que las asociaciones mayoritarias de jueces y de fiscales han suscrito un comunicado conjunto en el que acusan al Ejecutivo de «dejación de funciones» ante lo que consideran una «fiscalización» de la jurisdicción española por parte de los tribunales de un país extranjero. Para ello, dicen, los secesionistas se han valido de cauces que incurren en «claro fraude de ley».

La demanda civil presentada el pasado junio por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros cuatro consejeros huidos contra el juez Llarena por decir en una conferencia en Oviedo que en el 1-O no hay «presos políticos» no es más que un pretexto para cuestionar toda la instrucción de la causa abierta por rebelión contra los líderes independentistas, señalan. De ahí la sorpresa que ha causado en los jueces, fiscales y en el órgano de gobierno de los primeros (el Consejo General del Poder Judicial) no ya la interposición de esta demanda (que enmarcan incluso en la legítima estrategia de defensa de los procesados), sino que el Gobierno haya caído en la trampa de los independentistas. «El Estado, a través de sus órganos constitucionales (...) tiene la obligación de adoptar todas las medidas jurídicas necesarias para garantizar la defensa del magistrado Llarena por actuaciones desarrolladas en el ejercicio de la función jurisdiccional», señala el comunicado suscrito por la APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, junto con la mayoritaria Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Para el presidente de la APM, Manuel Almenar, la decisión del Ejecutivo es una decisión «incomprensible y aberrante, en cuanto supone poner a la justicia española y, por tanto, al Estado español, al pie de los caballos». No se trata de defender a una persona, sino «la soberanía jurisdiccional de España», recalca.

A su juicio, la decisión del Ministerio de Justicia de supeditar su personación en este procedimiento sólo a si la autoridad judicial belga menciona argumentos o datos de la causa penal abierta en el Tribunal Supremo es algo que «solo puede entenderse desde el desconocimiento del ordenamiento jurídico belga o desde algo peor». Y ello porque antes de la vista convocada para el próximo 4 de septiembre deberían estar sobre la mesa de los magistrados belgas los argumentos por los que se considera que esta demanda no debe prosperar. Es decir, si la Abogacía del Estado no se persona en el procedimiento antes de ese día no podrá invocar la falta de jurisdicción de los tribunales belgas para cuestionar las decisiones tomadas en el ámbito de nuestra soberanía jurisdiccional, explica Almenar.

Urge la personación

Para el presidente de la APM aquí no se tiene que cuestionar si las declaraciones del juez se circunscriben al «ámbito privado». Más aún cuando es obvio que la afirmación de que los procesados no son presos políticos no vulnera ninguna presunción de inocencia, como alegan los demandantes, sino que se trata de la defensa del Estado democrático español ante quienes lo cuestionan en el extranjero. «Es decir simplemente que en nuestro país se respetan los derechos y garantías constitucionales», apunta.

A su juicio, el objeto de esta demanda es «cuestionar la función jurisdiccional por parte de los tribunales españoles sometiéndola a los tribunales de otro país». «Esa es la pretensión de los prófugos y frente a esa pretensión la única postura lógica del Estado español es adoptar todas las medidas jurídicas para defender la independencia judicial de los jueces españoles y la soberanía jurisdiccional del Estado español». Eso sólo se puede hacer, añade, mediante la «personación inmediata» en esta causa.

La APM fue la impulsora del comunicado que anoche fue suscrito sin matices por todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. En él se señala que «un mínimo conocimiento del conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo del sumario instruido ante el Tribunal Supremo contra los demandantes fugados evidencia sin reservas o hipotéticos matices que se intenta solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de ese cauce no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto».

Un objetivo concreto

La misma percepción tiene el Consejo General del Poder Judicial, que el pasado 16 de agosto accedió a la solicitud de amparo de Llarena. La Comisión Permanente ya habló entonces de «un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional» y apuntó que el único fin de esa demanda es «condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales que pueden adoptarse» en este u otro procedimiento. En su petición de amparo, Llarena calificaba la demanda civil de «ataque planificado, grosero y fraudulento» a su independencia.

Fuentes de esa Comisión Permanente insistían ayer en que la demanda de los procesados prófugos contra el juez trasciende de una «cuestión privada». «Lo han demandado por su papel jurisdiccional, y la alusión a los presos políticos es solo un pretexto para cuestionar la imparcialidad del magistrado durante toda la instrucción», dicen. Esas fuentes subrayan que decir que los procesados del 1-O no son presos políticos es explicar que «si están en la cárcel no es por sus ideas, sino por hechos tipificados en el Código Penal. Y eso no compromete la presunción de inocencia de nadie, sino que supone una defensa del Estado democrático español ante la campaña de desprestigio» que desde el inicio de la causa están llevando a cabo los independentistas fuera de nuestras fronteras. La declaración de Llarena en aquella conferencia de Oviedo negando la existencia de presos políticos no supone, explican, una valoración jurídico penal sobre un asunto «sub iudice», como sí lo sería, por ejemplo, haber opinado sobre indicios de culpabilidad contra los procesados.

Aunque por razones distintas, el equipo jurídico de Puigdemont también se mostraba ayer sorprendido por la reacción del Ejecutivo español, en su caso porque se haya planteado intervenir en algún momento de este procedimiento, que los letrados estratégicamente circunscriben al ámbito privado de Llarena: al cuestionar su imparcialidad tratan de desmontar la causa que ha instruido en el Supremo.

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