El nuevo presidente del TSJC avisa al Parlament de que sus límites son la Constitución y el Estatuto de Cataluña

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha avisado al Parlament de que soporta su legitimidad en el Estatuto catalán y, antes, en la Constitución de 1978, de forma que "ninguna de estas normas básicas podrá verse superada si no es previa su reforma, lograda por los mecanismos establecidos".

"Este es el Estado de Derecho que todos nos hemos dado y el pilar más sólido de nuestra convivencia pacífica", ha alertado en la toma de posesión de su cargo en el Palau de Justícia de Barcelona. Barrientos estuvo arropado por el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y también asistieron al acto el conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó; el de Interior, Jordi Jané, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna. Sin embargo, hubo dos ausencias destacadas: la del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont -que está mañana tiene varios actos en L'Hospitalet de Llobregat-, y la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Ambos habían sido invitados.

Las relaciones entre la Generalitat y el TSJC no son las mejores dede que este alto tribunal instruye la qurella por la consulta secesionista del 9-N por la que están imputados el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega.

El nuevo presidente del TSJC ha admitido que actualmente los tiempos son "políticamente complejos" y que Cataluña "se encuentra inmersa en un intenso debate social relacionado con la propuesta de revisión del actual modelo de encaje y convivencia con el resto de España".

Para Barrientos, el Parlament está "plenamente legitimado para emprender iniciativas de mejora de ese marco de relaciones y convivencia", pero se debe al Estatut de Cataluña y a la Constitución de 1978, "de forma que ninguna de estas normas básicas podrá verse superada si no es previa su reforma, lograda por los procedimientos establecidos".

El problema catalán no se arregla en los tribunales

El poder judicial "asegura la aplicación y efectividad de la legalidad vigente, y de ninguna otra", ha proclamado Barrientos, que, sin embargo, ha pedido que "nadie acuda a los juzgados y tribunales en busca de soluciones al debate social abierto actualmente en Cataluña".

"Sólo a los responsables políticos corresponde encauzar ese debate y articular respuestas imaginativas que puedan resultar aceptadas por amplias mayorías sociales y que, al tiempo, reporten beneficios mutuos a los ciudadanos de Cataluña y del resto de España", ha mantenido Jesús María Barrientos.

En ese sentido, ha recordado que "la ley no es inmutable, tampoco el texto constitucional" y debe estar "al servicio de la sociedad y adaptarse a las exigencias que en cada momento demanden sus ciudadanos mayoritaria y democráticamente, siempre dentro del marco de reforma admitido por la propia ley".










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