El nuevo código de buen gobierno y las relaciones con inversores

Este mes de febrero se cumple un año de la aprobación del nuevo código de buen gobierno por parte de la CNMV, compuesto por 64 recomendaciones, y que incluyó 23 nuevos principios respecto a la versión anterior de 2006. En esta ocasión, la CNMV, de manera acertada, mantuvo el principio de «cumplir o explicar», con el objeto de conceder a las empresas cotizadas la suficiente flexibilidad para la implantación del nuevo código, estableciendo la obligación de justificar las razones en aquellos casos que no se siguiesen las recomendaciones respectivas. La experiencia de estos años indica que, aunque no se puede generalizar, en ocasiones se malinterpreta el concepto de flexibilidad, sin valorar la repercusión que tiene para la compañía y el mercado mantener unos niveles en materia de buen gobierno manifiestamente mejorables. 

De hecho, la necesidad de garantizar un determinado entorno de buen gobierno en las empresas, determinó la decisión de elevar a norma legal un total de 12 recomendaciones que contenía el anterior Código Unificado de Buen Gobierno (2006). Me parece éste un buen punto de reflexión para debatir si, de cara al objetivo de obtener un amplio seguimiento del nuevo código, se puede hacer algo más que permita que la autorregulación que reside en el trasfondo del principio de «cumplir o explicar», promueva de verdad un elevado cumplimiento de las recomendaciones desde la voluntad de las empresas cotizadas, sin necesidad de recurrir a ampliar el marco de exigencias legales.

En mi modesta opinión, una de las claves para alcanzar este objetivo está en que la CNMV tiene ante sí una gran oportunidad de proveer de mayor orientación a las empresas cotizadas en varios de los aspectos novedosos que recoge el último código, para que éste no se quede en un mero compendio de buenos propósitos, sino que además, venga complementado con recomendaciones, quizás a modo de guía de buenas prácticas, sobre cómo pasar de la definición a la implantación, teniendo en cuenta los diferentes riesgos de ejecución.

En este sentido, sorprende la escasa atención que la CNMV ha prestado en su discurso de divulgación del nuevo código de buen gobierno desde su publicación a una de las nuevas recomendaciones, a mi juicio, más positivas junto con la número veinticuatro que aborda la responsabilidad social corporativa, que se refiere a la política de comunicación de las empresas con sus accionistas e inversores. En concreto, el cuarto principio del código establece literalmente que «las sociedades cotizadas deben contar con una política pública de comunicación y contactos con accionistas inversores institucionales y asesores de voto». En línea con este principio, el código recomienda que dicha política debe ser plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado, y debe dar un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición. Además, la recomendación señala que es deseable que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web incluyendo información relativa a la forma en que la misma se ha puesto en práctica e identificando a los interlocutores o responsables de llevarla a cabo.

Merece señalarse que es la primera vez que la CNMV, de una manera tan explícita, alude no sólo a la importancia de la política de Relaciones con Inversores, sino también al papel esencial que juega para el funcionamiento eficiente del mercado a través de la promoción del debate y las conversaciones con los inversores sobre la evolución de la compañía y de los mercados.

Sin embargo, el texto, manteniendo el espíritu de flexibilidad del principio de «cumplir o explicar», nada dice sobre cuáles son los elementos fundamentales que integran esta política de comunicación y contactos con inversores, qué objetivos debe perseguir, qué principios de actuación debe definir, o qué alternativas de medios y canales de divulgación de información están disponibles para llegar a las diferentes audiencias, que a diferencia de los señalados por el código de buen gobierno, no son sólo los inversores institucionales o los accionistas, sino también los potenciales inversores minoristas, los analistas de la industria, las agencias de rating, o incluso otro tipo de stakeholders, como clientes y proveedores, dada la importancia que el código concede a la responsabilidad social corporativa.

No se trata de imponer cómo una empresa debe realizar sus Relaciones con Inversores, sino de aportar orientaciones o guías en base a lo que es una buena práctica en materia de Relaciones con Inversores, donde afortunadamente en estos momentos contamos con buenas referencias de empresas que lideran esta disciplina tan importante para el buen gobierno, la eficiencia de los mercados y la protección del inversor.

El buen gobierno corporativo, unido a un desempeño excelente en Relaciones con Inversores constituyen un binomio óptimo para la generación de confianza y para garantizar la comunicación con transparencia. Si queremos dar una oportunidad a la teoría de la eficiencia de los mercados, si creemos que en la psicología del comportamiento financiero de los inversores («behavioural finance») la confianza generada por la empresa es un factor relevante de decisión, y si preferimos analistas de inversiones a gurús financieros, que generen expectativas en base a análisis fundamental, entonces necesitamos unas Relaciones con Inversores en las empresas que pasen de la definición a la acción de manera eficiente. 

La ejecución diaria de esta función se enfrenta todos los días a situaciones complejas de gestionar, como por ejemplo, definir si un hecho es relevante o no, establecer cuándo y cómo se comunican las proyecciones («guidance») o un «profit warning», planificar una estrategia en medios digitales para llegar a mayores audiencias y reducir las asimetrías en comunicación, definir dónde establecer los limites razonables de lo que debo comunicar al mercado, decidir cuáles son los contenidos relevantes para el inversor, o estar preparado desde el punto de vista de comunicación para afrontar cualquier contingencia o crisis no esperada.

Dados los retos actuales a los que se enfrenta esta disciplina alrededor de la generación de confianza y la comunicación con transparencia, en un entorno condicionado en los últimos diez años fundamentalmente por los escándalos financieros, los cambios regulatorios, el fenómeno del activismo accionarial y la revolución digital, es importante reflexionar sobre cómo podemos aportar conocimiento y orientación para que las compañías cotizadas en nuestro mercado dispongan de todas las herramientas y recursos necesarios para que la palanca de Relaciones con Inversores actúe de manera eficiente en la generación de valor para los accionistas y la formación de precios justos en la Bolsa. El reconocimiento de la importancia de esta función en un texto legal como el código de buen gobierno es un paso muy importante, como también lo ha sido la reciente circular 3/2015 de la CNMV sobre la información que deben contener las paginas web de las sociedades cotizadas y las cajas de ahorros. Aún así, no es suficiente. Sería un error pensar que el logro de una buena práctica en este terreno es una cuestión de tener un mínimo tamaño de empresa, por ejemplo de capitalización bursátil, cuando en realidad es una cuestión de visión y voluntad de hacer. Como dijo Miguel de Cervantes, «no hay camino que no se acabe si no se le opone la pereza».

* Francisco Blanco Bermúdez es miembro del Consejo Editorial de INVERSIÓN & Finanzas.com y director académico del curso Avanzado de Relaciones con Inversores del Instituto BME