El juez encargado del caso Taula, Víctor Gómez, ha ampliado las diligencias de investigación del presunto blanqueo de capitales en el PP del Ayuntamiento de Valencia a un presunto delito electoral (financiación irregular) durante los comicios municipales de 2011 y 2015.
En ellas cita a declarar en calidad de investigadas a la exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, y a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015 (actualmente gerente), Montserrat Tello. Además requiere al partido para que identifique a la persona que ejerció estas funciones en 2011 y a los integrantes de la Junta Directiva del PP en Valencia en las dos campañas electorales.
Según el auto hecho público este lunes, a juicio del magistrado se desprenden indicios de que, a través de la cuenta opaca del banco Sabadell (carente de fiscalización) se efectuaron pagos para estas dos campañas, cometiendo una infracción tanto de la ley de financiación de partidos como de régimen electoral.
«En este momento, resulta razonable y se justifica el comprobar si esos gastos se contabilizaron electoralmente y, en su caso, por qué no se hizo, quién o quiénes decidieron ese gasto o no reflejarlo en la contabilidad electoral y cuáles fueron las relaciones existentes entre esas personas y las designadas por el partido para cumplir con los cometidos legales», señala el juez.
Por el momento, exculpa de la financiación irregular a los concejales populares investigados por blanqueo al entender que el mero hecho de haber llevado a cabo esta práctica no significa que tuvieran conocimiento del falseamiento de la contabilidad electoral.
El delito electoral, aprecia el magistrado, fue continuado, al igual que concluyó el informe de la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Éste se habría cometido de manera continuada y en conexión con el de blanqueo, por lo que acuerda investigarlos conjuntamente.
Con esta decisión, el juez decide incorporar a la causa las diligencias de investigación penal abierta por la Fiscalía tras la denuncia interpuesta por tres representantes de Compromís en el Consistorio valenciano.
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