El 'president' desdeña el Parlament y podría aprobar la ruptura a través de un decreto

A poco más de treinta días para la pretendida celebración de un referéndum de independencia de Cataluña, los partidos que[…]

A poco más de treinta días para la pretendida celebración de un referéndum de independencia de Cataluña, los partidos que lo promueven siguen sin haber aprobado la ley que lo regule. La anunciada como ley del Referéndum, al igual que la presentada el lunes como ley de Transitoriedad Jurídica, no han tenido más recorrido que su entrada en el Registro del Parlamento catalán, paso previo a que la Mesa lo admita a trámite antes de ser llevado al Pleno, si así lo deciden sus promotores. El miedo a las consecuencias de la anunciada impugnación del Gobierno en el momento en el que se dé curso a las leyes está retrasando su aprobación, en medio de una guerra táctica entre los distintos partidos del frente soberanista: por un lado ERC y la CUP, que abogan por acelerar plazos y que sea el Parlament en el pleno de los días 6 y 7 de la próxima señana el que saque adelante las leyes, y por otro el PDECat, partidarios de dilatar los tiempos y de aprobar las leyes desdeñando la Cámara cátalana por la vía del decreto-ley gubernamental si se diese el caso.

Ayer mismo, el portavoz y consejero de Presidencia, Jordi Turull, recordaba que las dos vías están abiertas, anunciando en cualquier caso que lo importante no es «cómo se tramita», en alusión a la regulación del referéndum, sino su contenido. «Que nadie sufra. Con tiempo suficiente todo el mundo sabrá dónde deberá ir a votar», apuntó Turull cuando falta poco más de un mes para la pretendida consulta. La determinación es absoluta. El Gobierno autonómico, cuando el TC tumbe la consulta, desobedecerá «con todas las consecuencias», proclamó.

La logística y la épica

Al margen de la épica y de las cuestiones logísticas, lo que se desprende de las dudas del soberanismo es la discusión sobre el reparto de las consecuencias penales e inhabilitaciones asociadas, una cuestión nada menor en el escenario que puede abrirse en Cataluña el día 2 de octubre. Ayer mismo, en declaraciones a ABC, el jurista Pere Lluís Huguet, al frente del foro constitucionalista Llibertats, recordaba que si la aprobación la hace el Parlament, las consecuencias recaerían sobre la Mesa, mientras que si lo hace el Ejecutivo, los responsables serían el presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, aunque la firma fuese colegiada. La última reorganización del Gobierno despojó a la consejera Meritxell Borràs (PDECat) de sus responsabilidades en consultas y procesos electorales, para cedérselas a Junqueras, una forma pactada para que los dos partidos asumieran las hipotéticas consecuencias penales a medias. Con un Carles Puigdemont que ayer insistía en que no repetirá como candidato ?tanto en las elecciones "constituyentes" si gana el «sí» en la consulta, como en las autonómicas si gana el «no», apuntó?, una posible inhabilitación de Junqueras sí tendría consecuencias graves para Esquerra. Ahora mismo este es el juego en el que andan ensarzados ambos partidos.

En este tira y afloja participa también la CUP, autoconvencidos de su papel determinante como aceleradores del proceso. Si la entrada en el registro de la ley de Transitoriedad ya fue vendida por los antisistema como la muerte del «proceso», ayer daban un paso más allá y exigían a sus socios parlamentarios que la citada ley, y la del referéndum, se aprueben en el pleno de la próxima semana. Mientras que el PDECat parece que busca retrasar al máximo el choque de trenes, los antisistema lo quieren cuanto antes.

Al respecto, la diputada de la CUP Mireia Boya exigía ayer al Gobierno de Puigdemont que sea «transparente», que explique las dificultades que esté encontrando para convocar el referéndum del 1 de octubre y que aparque la «estrategia de las astucias» y apueste por la «autodeterminación». «Vamos tarde y estamos optando por una estrategia de las astucias cuando tendríamos que optar frontalmente por la autodeterminación. No hace falta esconderse», señaló Boya, dispuesta a no dar tregua a la Generalitat.

Revulsivo para la Diada

«Antes del 11 de septiembre toda iniciativa parlamentaria relativa a la consulta tiene que estar planificada, tramitada, concretada y explicada públicamente», recalcó Boya, convencida de que ello serviría también como revulsivo para una Diada masiva. La posibilidad de que la regulación vaya por vía decreto ley no gusta a los antisistema «a no ser que haya alguna actitud represiva» por parte del Estado.

Mientras la CUP trata de acelerar el proceso, y PDECat y ERC maniobran para determinar cómo se reparten las consecuencias penales, la oposición en el Parlament trata de evitar sin demasiado éxito el atropello democrático que la mayoría soberanista pretende llevar a cabo. Ayer mismo, la mayoría soberanista del órgano rector del Parlamento autonómico rechazaba la demanda de la oposición de reclamar un informe a los letrados de la Cámara. La posibilidad de llevar los textos al Consejo de Garantías Estatutarias solo será posible una vez la Mesa las admita a trámite

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En paralelo a las cuestiones legales, y las tácticas, el independentismo ya da por descontado que el referéndum va a celebrarse, y que la secesión es cuestión de semanas. Sin ir más lejos, el presidente especulaba ayer con las formas de la naciente República, considerando «absolutamente indispensable» que una Cataluña independiente tenga ejército, una política de Defensa «moderna» e inteligencia militar, especialmente ante la «grave amenaza» del terrorismo yihadista.

Puigdemont, que respondió a través de Facebook Live las preguntas de varios ciudadanos, añadió que «estamos en un combate global, lo hemos visto tristemente estos días, con una amenaza muy grave, la amenaza yihadista, que debemos hacer frente colectivamente», informa Efe. «Hace falta esfuerzo e inteligencia militar, y recursos para hacer frente a los ataques de las guerras modernas», abundó. «No tengamos complejos, Cataluña ha de poder tener una política de defensa moderna, democrática y muy homologable a los esfuerzos que hacen naciones aliadas».

Sobre otras cuestiones, Puigdemont consideró «absolutamente necesario» que el castellano sea cooficial, porque «los derechos lingüísticos» no pueden retroceder, deben ser escrupulosamente respetados. Del mismo modo, apuntó que si existe un acuerdo con el Estado, Cataluña «estará perfectamente dispuesta a asumir la parte de la deuda del Reino de España que nos toca».

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