Desahucios: Un paso de gigante

Con la aprobación, el pasado jueves, por parte del gobierno del Partido Popular, del Real Decreto-Ley que evitará los desahucios en determinadas circunstancias, se trata de buscar una solución práctica y rápida a las situaciones extremas que hemos vivido en los últimos días, y que culminaron con el suicidio de varios afectados, entre otros, el de Amaya Egaña (una ex - concejal socialista de Baracaldo-Vizcaya, que se vio superada por varios acontecimientos personales que lellevaron a poner fin a su vida).

Parece que ya tenemos una solución para el problema de los impagos hipotecarios que desembocaban en situaciones dramáticas de desahucios. Así, y a la espera de la letra pequeña (que se centrará previsiblemente en su aplicación práctica), parece que lo que en este momento se aprueba es una moratoria de dos años para unidades familiares con ingresos inferiores a 19.000 euros, cuya hipoteca sea superior al 50% de las rentas, y que sean familias con al menos tres hijos (o monoparentales con, al menos, dos hijos), o con un hijo de menos de tres años, y/o en las que sus miembros se encuentren sin prestación por paro, con discapacidad o en régimen de dependencia. Se crea, además, un banco de viviendas con alquileres bajos para los desahuciados, lo que representa una medida innovadora con respecto a lo que se venía hablando hasta la fecha sobre este asunto.

Aunque algunos lo califican como una solución cortoplacista, o un parche de urgencia en cuanto que se trata sólo de una tímida reacción por parte del Gobierno ante un clamor popular, en un momento además, complicado por al apoyo electoral con los que puede contar tras la manifestación de fuerza en la Huelga General del 14N, lo cierto es que representa un paso adelante, un gran paso de gigante, por lo que supone de romper con viejas estructuras e inercias del pasado, hacia una mayor homogeneización con otras regulaciones europeas comparables.

Otro factor importante es el hecho de que, aunque no se haya podido contar con el apoyo del PSOE (cuestión que se aclarará en los próximos días, aunque me temo que estará sustentada más por motivos políticos que por otros aspectos), convocado por el Gobierno a participar en un grupo de trabajo sobre la cuestión, sí con el de los bancos (por mucho que nos duela, con mucho que opinar y que decir sobre esta cuestión) y con el de Bruselas.

No hablamos, tampoco, de introducción en nuestra legislación de medidas más extremas como la dación en pago, la condonación de la deuda o la paralización del procedimiento de ejecución que, aunque deseables en un mundo distinto al que nos toca vivir, pueden conllevar efectos adversos de los que hablaremos más adelante. Tampoco es descartable, en el corto plazo, una segunda "vuelta de tuerca" que permitiría avanzar en esa dirección.

Aunque muy manido, el efecto Mariposa, dentro de lo que se ha venido llamando la teoría del caos ("el aleteo de las alas de una mariposa pueden provocar un Tsunami al otro lado del mundo" ) resulta muy descriptivo de esas consecuencias perversas que, una regulación más avanzada, podría tener, no sólo sobre la banca, sino sobre la población.

Hoy, todos los medios especializados y los analistas financieros evalúan el posible impacto negativo de una posible generalización del final de los desahucios. Así, se cuestiona si el fin de este recurso para el banco y llevado al extremo, podría tener, en última instancia, su reflejo en la cotización de sus acciones, en cuanto que la solidez del mismo por el necesario incremento de las provisiones por morosidad, podría impactar, a la postre, en la evolución de su cotización, y porque no, en su ya "tocada" viabilidad. 

No olvidemos, además, que las acciones (y otros instrumentos financieros similares colocados a particulares durante los últimos años) pertenecen, no sólo a la familia Botín o March, sino a los pequeños ahorradores que vieron en los títulos de su banco de "toda la vida" un refugio para sus ahorros en un momento económicamente delicado. Finalmente, preocupa también que, al amparo de los "casos extremos" se acojan algunos "listos", que los hay en todas partes, para cesar en el pago de sus obligaciones para con el banco, ya que la amenaza de una posible ejecución se retrasa, al menos, por dos años, lo que tampoco podría considerarse "socialmente justo".

En fin, resulta interesante, por tanto, comprobar que nada sale gratis, y que cualquier medida puede tener su efecto adverso. Todo ello nos hace pensar sobre lo difícil que resulta acertar, mantener satisfecho a todo el mundo y tomar decisiones correctas en un entorno de crisis.