Barcelona recurrirá la suspensión del concurso de suministro eléctrico

El Ayuntamiento de Barcelona recurrirá la sentencia del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, que anuló este jueves el contrato eléctrico municipal de Barcelona -de 65 millones de euros divididos en tres lotes y con una duración prevista de dos años- y empezará a trabajar en una nueva licitación.

"Estamos perplejos. No compartimos la sentencia de este tribunal administrativo y presentaremos un contencioso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Como la sentencia es firme, nos toca preparar una nueva licitación", ha explicado este viernes en rueda de prensa el concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia.

Badia ha explicado que como el contrato actual finaliza el 26 de marzo y no dará tiempo a presentar la nueva licitación, se trabajará en un contrato negociado que actuará como contrato puente y evitará poner en peligro el suministro del servicio eléctrico.

Este contrato negociado tendrá una duración de tres meses y será prorrogable tres meses más, con lo que el gobierno municipal contará con seis meses de margen para elaborar la nueva licitación, a la que podrán presentarse todas las empresas que lo deseen.

El contrato puente mantendrá, según Badia, los tres lotes e incorporará claramente las medidas efectivas contra la pobreza energética, desplegando la Ley 24/2015: "Creemos que es necesario incorporar estas medidas. No se puede no intentar hacer avances en la legislación".

Badia ha explicado que otra opción era adherirse al contrato marco de la Associació Catalana de Municipis (ACM), si bien ha descartado esta alternativa al considerar que el consistorio tiene una política de contratación eléctrica diferente al apostar por las energías renovables, la compra verde y el fomento de la competencia.

Badia ha criticado que existan "grandes multinacionales con balances anuales multimillonarios que están poniendo todos los esfuerzos para seguir siendo parte del problema, cuando es la hora de pasar a formar parte de la solución".

En este sentido, ha instado a las compañías a cerrar convenios contra la pobreza energética: "Nadie habla de convenios inasumibles o desproporcionados, pero el bono social se tiene que repercutir y hay que llegar a un acuerdo para ver cómo lo repercutimos".

El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha anulado el contrato eléctrico municipal de Barcelona tras aceptar a mediados de febrero medidas cautelares pedidas por Endesa, compañía que, junto a Gas Natural Fenosa, recurrió el contrato y no concurrió.

El Tribunal reconoce "el loable y encomiable objetivo" del Ayuntamiento, pero asegura que la cláusula sobre pobreza energética no define las obligaciones a ejecutar por el contratista de forma clara e inequívoca, ya que no concreta las exactas obligaciones a las que se le obliga para la adjudicación del contrato, por lo que perjudica a todas las licitadoras potenciales.

En suma, la sentencia alega que las cláusulas contra la pobreza energética que quiere promover el consistorio y, por tanto, el beneficio social que se busca, "no se produce en el seno del suministro energético en los locales de la administración, ni directamente por el acto de suministrar electricidad a los locales del Ayuntamiento", informa Ep.

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