USO y CSIF rechazan el "corralito sindical" de la nueva Ley de Diálogo Social

Representantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se han concentrado hoy frente al Palacio de Gobierno regional para rechazar el "corralito sindical" que promueve el proyecto de Ley de Diálogo Social que se debate mañana en el Parlamento riojano.

En una nota, estos dos sindicatos han lamentado que la Cámara regional debatirá este asunto con carácter de urgencia, por lo que no habrá posibilidad de introducir ninguna modificación o enmienda.

Según estas organizaciones, la futura Ley, que pretende regular el diálogo social en la comunidad autónoma, no promueve la participación ni el diálogo, sino que la cierra y lo blinda, única y exclusivamente "a los de siempre: UGT, CCOO y la FER".

Han añadido que con la redacción dada al proyecto de Ley, nunca, ningún otro sindicato ni patronal podrían entrar a participar del "mal llamado Diálogo Social".

Por ello, han criticado que sólo da opción a participar a los "sindicatos más representativos", una condición que en La Rioja se les otorga sólo a los sindicatos de clase.

De este modo, sostienen que la citada Ley "vulnera los derechos y libertades de gran parte de los trabajadores de la sociedad riojana a los cuales representan la USO, CSIF y otras organizaciones, discriminándonos descaradamente"

Además, esta Ley deja fuera a más del 30 por ciento de la representación sindical de la comunidad autónoma e impide que un tercio de los trabajadores de esta región pueda tener voz o voto en las mesas del diálogo social.

CSIF y USO han insistido en que este "corralito sindical" perpetúa el modelo del "bisindicalimo" con la "complicidad" de los grandes partidos políticos, también instalados en el bipartidismo.

Estos dos sindicatos se han reunido con todos los grupos parlamentarios para explicarles que hay argumentos legales sólidos que permiten una participación más plural y esta tarde volverán a pedir a los partidos que tengan en cuenta sus argumentos, en un último intento de introducir modificaciones por la vía del diálogo.

En caso contrario, ambas organizaciones no descartan acudir al Tribunal Constitucional.

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