UGT: Recortes y precarización dificultan la lucha contra violencia machista

Los recortes aplicados por las Administraciones Públicas y la precarización de las condiciones de trabajo por las reformas laborales obstaculizan la lucha contra la violencia de género en el ámbito laboral, según un informe elaborado por UGT que subraya además un aumento de los asesinatos y denuncia la escasez de órdenes de protección.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, que se conmemora mañana, UGT ha preparado un estudio en el que sostiene que los asesinatos de mujeres están creciendo ininterrumpidamente desde 2012, aunque Navarra "afortunadamente representa una excepción", y asó el año pasado fueron 60 las víctimas, 6 más que en los dos años anteriores y 8 más que en 2012.

En los últimos diez años (2006-2015), el número total de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 624, 5 de ellas en Navarra, que, sin embargo, desde el año 2012 no ha registrado ninguna víctima mortal. A 2 de noviembre de 2016, las mujeres asesinadas en España por esta causa ascendían 42, ninguna de ellas en la Comunidad Foral.

En el caso de Navarra, el peor año fue 2008, con 3 asesinatos, seguido de los años 2007 y 2011, en los que hubo que lamentar sendas muertes por violencia machista.

Por lo que se refiere a las denuncias, UGT precisa que entre enero de 2007 y junio de 2016 se presentaron en el conjunto del Estado un total de 1.251.605, de las que 12.796 corresponden a Navarra, mientras que las medidas y órdenes de protección dictados fueron 349.554, 3.050 de ellas en la Comunidad Foral.

De estas cifras, cabe destacar que, en Navarra, las órdenes de protección no cubren ni a una de cada cuatro denuncias presentadas (23,8%), un porcentaje cuatro puntos inferior al del conjunto de España (27,9%).

Para UGT estas cifras son sólo "la punta más dramática del iceberg" ya que "ponen de manifiesto que los continuos recortes en las políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género" por la crisis y las reformas laborales, "están provocando un empeoramiento de la situación de las mujeres en el empleo, un aumento de su precariedad laboral y económica, y un retroceso notable en la igualdad y en el avance contra la violencia de género".

Así, en la legislatura 2012-2016 el recorte en materia de igualdad de género en los Presupuestos del Estado es del 20,9 %, alcanzando el 47,6 % respecto del presupuesto de 2009, subraya UGT, y puntualiza que la partida destinada a la lucha contra la violencia machista se ha rebajado un 23 % de 2009 a 2014.

Por eso considera "alentador el impulso" del Gobierno foral a la lucha contra la violencia hacia las mujeres con un plan específico dotado con 22,5 millones de euros hasta el año 2021.

El sindicato agrega que la violencia de género tiene también una importante implicación también en el ámbito laboral, generalmente con acosos.

Y apunta que la ley ampara incentivos a las empresas que contraten a mujeres víctimas y el derechos de estas a suspender o extinguir la relación laboral con derecho a percepción de prestaciones por desempleo, aunque éste "está descendiendo", hasta un 8,2 % entre 2013 y 2014.

Los contratos bonificados por su parte fueron en este mismo periodo 5.038, 38 de ellos en Navarra, de los que solo un 27 % del total fueron indefinidos.

Con todo estos datos, UGT considera necesario impulsar una serie de medidas para combatir con más eficacia la violencia de género y entre ellas pide un pacto de Estado, unas políticas activas de empleo "eficaces", y empresas con tolerancia cero hacia la violencia machista y medidas de prevención.

Reclama también abordar la mejora de los derechos laborales legalmente establecidos y entre ellos un permiso o licencia retribuida por un periodo no inferior a dos meses, impedir perjuicios para las víctimas por ausencias o bajas médicas derivadas de su situación, y campañas de sensibilización y formación en el ámbito laboral.

UGT pide asimismo que a las víctimas de acoso se les reconozcan derechos similares a los de las víctimas de violencia de género, implementar protocolos contra el acoso y obligar a que se informe a los representantes de los trabajadores sobre las bonificaciones que reciben las empresas por contratar a trabajadoras víctimas de violencia machista.

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