UGT propone al Gobierno un acuerdo transversal para todas las licitaciones

El sindicato UGT ha planteado al Gobierno cántabro que ponga en marcha un acuerdo transversal para todas las licitaciones de servicios públicos de todas las consejerías del Ejecutivo.

El acuerdo, según UGT, debe incluir cláusulas laborales, sociales y medioambientales de "obligado cumplimiento" para las empresas adjudicatarias, como que cumplan los costes laborales que recogen los convenios colectivos de las actividades profesionales que se liciten.

UGT ha trasladado esa petición al consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, con el que ha mantenido un encuentro una delegación del sindicato en Cantabria integrada por representantes de las federaciones de Servicios para la Movilidad y el Consumo y la de Empleados de los Servicios Públicos.

Según recuerda el sindicato en una nota de prensa, UGT ya ha planteado incluir esas cláusulas de obligado cumplimiento para las empresas adjudicatarias y un comité de seguimiento de su ejecución en la licitación de los servicios de control y vigilancia de las dependencias del Gobierno de Cantabria.

Esos servicios, según recuerda UGT, afectan a más de un centenar de vigilantes de seguridad.

Respecto a ese concurso, UGT también ha propuesto que "las adjudicaciones no colisionen con las funciones y los legítimos derechos" de los agentes de seguridad del Ejecutivo.

En la reunión, los representantes del sindicato han explicado a De la Sierra que van a plantear esa petición en la mesa de la Concertación Social.

El objetivo, según UGT, es "acabar de una vez por todas con servicios públicos encomendados a empresas privadas donde se incumplen las más mínimas condiciones salariales y laborales de los trabajadores que los realizan, porque los presupuestos ofertados están muy por debajo de los precios del mercado de licitación con sus correspondientes costes".

E insiste el sindicato que el acuerdo debe afectar a todas las consejerías y señala que también se debe establecer un límite en los precios ofertados por la empresa en la valoración final de la adjudicación, "que en todo caso no debe suponer el 60 % de la propia adjudicación".

"No es aceptable que cerca del 90 % de la valoración para conceder o no la adjudicación del servicio a una empresa dependa del presupuesto que ésta oferte, aunque sea muy a la baja y temerario porque con él no se cubrirán los costes mínimos", ha opinado UGT.

Además, los representantes del sindicato han pedido al consejero de Presidencia "frenar las externalizaciones de servicios públicos y revertirlas para la gestión pública, porque esta figura está suponiendo en realidad una privatización silenciosa".

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