UGT pide que el coste del bono social no recaiga sobre los ciudadanos

UGT considera necesario establecer una nueva regulación que asegure el acceso a la energía a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas y subraya que el coste del bono social eléctrico no puede recaer sobre los ciudadanos.

Tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo sobre la financiación del bono social, UGT asegura que este bono es una cuestión de justicia social y que su coste, en ningún caso, debe recaer sobre los ciudadanos.

UGT demanda una regulación normativa que asegure el acceso al suministro energético con carácter universal a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas, evitando en todo caso el corte de suministro por falta de pago, señala en un comunicado.

También pide un IVA súper reducido para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía, así como una estrategia orientada a salir de la crisis que permita abordar la lucha contra la pobreza y la exclusión social de forma transversal.

Para ello, solicita un plan estatal de lucha contra la pobreza que establezca medidas puntuales dirigidas a atenuar el impacto social negativo en los grupos más vulnerables y a mitigar las consecuencias de la crisis en el momento actual.

En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó los recursos interpuestos por E.ON España (ahora Viesgo) y Endesa, y reconoce el derecho de ambas a cobrar una indemnización por las cantidades aportadas en concepto de bono social por la aplicación del Real Decreto de 2014.

Según el Supremo, el régimen de financiación del bono social incumple la exigencia establecida en la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que establece que "las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables".

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