UGT pide más sanciones a empresas cometen "fraude de ley" con temporalidad
El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, ha exigido hoy "medidas disuasorias" a las empresas de la Región, donde la[…]
El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, ha exigido hoy "medidas disuasorias" a las empresas de la Región, donde la temporalidad está 8,3 puntos por encima de la media, para acabar con el "fraude de ley" del "abuso" de los contratos temporales frente a los indefinidos.
En su comparecencia ante la Comisión Especial de Empleo, Jiménez ha asegurado que las altas cifras de temporalidad y "precariedad" en la Región se deben únicamente al "fraude en la contratación", y ha desechado que se deba a la estacionalidad ni a los sectores económicos preponderantes, como el turismo y la agricultura.
En este sentido, ha señalado que la estacionalidad es "estable y recurrente", por lo que debería dar lugar a la suscripción del contrato fijo discontinuo y no a la "desorbitada" firma de contratos temporales, incidiendo en que 360.000 del millón de contratos firmados en 2017 en la Región tuvieron una duración inferior a un mes.
Por ello, Jiménez ha abogado por "eliminar los incentivos al fraude" en este tipo de contratos, puesto que, según ha advertido, al empresario le sale más rentable abonar la sanción de 600 euros al ser detectado por la Inspección de Trabajo cuando contrata irregularmente que suscribir contrataciones ajustadas a la ley. "No hay poder disuasorio y las sanciones no tienen efecto porque el coste del despido improcedente es inferior", ha apuntado.
El secretario general de UGT ha considerado "preocupante" que el crecimiento económico no se haya visto acompañado de un descenso en la precariedad y en la desigualdad, alertando de que la Región se está alejando de la media nacional en coste salarial, rebasando los 13 puntos en 2017.
Para Jiménez, es "incoherente" que la recuperación que "se celebra desde algunos sectores" no haya llegado al gasto público, a la recuperación de derechos, a las políticas sociales, así como a la inversión, al tiempo que ha propuesto que los convenios sectoriales contemplen un salario mínimo de 1.000 euros mensuales para el contrato a tiempo completo.
Desde los grupos, el diputado socialista Antonio Guillamón ha apostado por "evaluar" las políticas públicas de empleo, mientras que el parlamentario de Podemos Andrés Pedreño ha recalcado que la intervención del dirigente de UGT es un "baño de realidad" y una "bienvenida al desierto de lo real" en el mercado laboral regional.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Miguel López Morell ha avisado sobre la ineficacia de los cursos de formación del SEF, mientras que el parlamentario del PP José Soria ha destacado que las reformas del Gobierno central han permitido superar la crisis.
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