UGT cree que la revalorización del 0,25 % de las pensiones condena a pobreza

La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT de La Rioja ha criticado hoy que la revalorización del 0,25 por ciento aprobada para 2017 por el Gobierno central del PP "condena un año más a los pensionistas a perder dinero y a más pobreza".

El secretario general de UJP-UGT de La Rioja, Fernando Domínguez, ha entregado hoy en la Delegación del Gobierno en Logroño un manifiesto en defensa del poder adquisitivo de las pensiones.

En este documento, esta organización rechaza el aumento del 0,25 % de las pensiones públicas (1,62 euros de media al mes para la pensión más habitual que se sitúa en 650 euros) que aprobó el Consejo de Ministros para 2017, el incremento mínimo fijado por la ley.

Para la UJP-UGT, esta subida es totalmente insuficiente, ya que supone una pérdida de poder adquisitivo de un 1,25 % como mínimo para todos los pensionistas, pues el IPC se ha situado en enero en un 1,5 %.

A su juicio, se trata de "un recorte bastante evidente" que va a aumentar los niveles de pobreza de este colectivo y reducir, más si cabe, su estado de bienestar.

UJP-UGT lleva defendiendo durante meses la revalorización de las pensiones entre un 1,1 % y un 1,6 % conforme al IPC que estaba previsto para 2017 y establecer medidas para incrementar los ingresos de la Seguridad Social.

En este sentido, UJP-UGT ha propuesto asegurar el poder adquisitivo de las pensiones incluyendo también una cláusula de revisión a final de año para que no lleguemos a un sistema de pensiones mínimas.

UJP-UGT ha reclamado además, la revisión inmediata de las fuentes de financiación, para que el sistema no solo se financie a través de cotizaciones, sino también con impuestos.

Por último, ha apostado por erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación y financiando los gastos de la Seguridad social desde los Presupuestos Generales del Estado.

Para UJP-UGT, un modelo público de pensiones eficaz y eficiente es incompatible con la reforma que el Gobierno del PP aprobó en 2013, con un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo.

Por ello, ha exigido su derogación y la puesta en marcha de medidas que aumenten el poder adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del sistema público.

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