Sube el 1,75 % el salario de unos 38.000 trabajadores públicos de Baleares

Los salarios de unos 38.000 trabajadores públicos que dependen de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares incrementarán el 1,75[…]

Los salarios de unos 38.000 trabajadores públicos que dependen de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares incrementarán el 1,75 % a partir de julio en virtud de lo autorizado en los presupuestos Generales del Estado, ha informado hoy, el Govern.

Además, también recibirán los atrasos derivados del cálculo de la subida salarial desde el pasado enero.

La Mesa del Empleado Público de Baleares que el pasado día 12 ratificó el pasado 12 la disposición de los Presupuestos Generales del Estado 2018 que autoriza la subida salarial.

Este incremento que se aplica es del 1,5 % fijo para 2018, con efectos desde día 1 de enero de 2018, más un variable del 0,25% que se aplica, de julio en adelante, en función del cumplimiento del crecimiento económico igual o superior al 3,1 %.

El aumento salarial afecta a los trabajadores de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, al personal docente (de educación pública y concertada), al personal estatutario del área de Salud, y al que presta servicio en empresas, fundaciones, consorcios o sociedades mercantiles del Sector Público Instrumental, tanto si se trata de personal funcionario de carrera, laboral o eventual.

El Gobierno dispone de los 26,6 millones de euros que permiten afrontar esta subida salarial para 2018, según la previsión realizada en los Presupuestos CAIB 2018.

Según el Govern se trata de la tercera subida anual de los salarios de los trabajadores de la función pública, después de los incrementos de 2016 y 2017 del 1 % por cada año, además del retorno del importe de la paga extra de Navidad de 2012, que fue retenido en virtud de la aplicación de la legislación sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La subida prevista en el acuerdo del pasado 9 de marzo, entre sindicatos mayoritarios de función pública y Gobierno del Estado, incluye una previsión de incrementos a tres años, entre 2018 y 2020, que debe servir para que los empleados públicos puedan parar el retroceso y recuperar una parte del poder adquisitivo perdido durante los años en que sus salarios se han mantenido congelados o recortados.

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